México activa plan para destrabar inversión con trámites más ágiles

El eje de esta estrategia lo explicó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Detalló un decreto que permitirá la autorización de proyectos de inversión en un plazo máximo de 30 días, siempre que cumplan con ciertos criterios.

El mecanismo aplica para inversiones que se ubiquen en polos de bienestar, que superen los 2,000 millones de pesos o que formen parte de sectores estratégicos como el electrónico, automotriz, farmacéutico, aeroespacial, energía o tecnológico.

El proceso se concentra en una plataforma digital, en la cual las empresas ingresan su solicitud, el proyecto se evalúa en un comité intersecretarial y, en caso de aprobación, reciben una constancia que permite iniciar la ejecución de forma inmediata.

Para el resto de las inversiones privadas, el gobierno fijó un plazo máximo de 90 días para resolver todos los trámites federales. Si no hay respuesta en ese periodo, la autorización se dará por concedida.

El decreto también contempla la creación de una Oficina Presidencial de Inversiones, encargada de dar seguimiento a los proyectos y de coordinar a las dependencias involucradas. El comité incluirá a la Secretaría de Economía, Hacienda, Energía, Medio Ambiente y Buen Gobierno, entre otras.

A esto se suma el anunció de una ventanilla única de comercio exterior que integrará 132 trámites en un solo punto de entrada. La plataforma conectará al SAT y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, con lo que las empresas podrán dar seguimiento a sus gestiones en un solo sistema.

El modelo incluye un expediente único de comercio exterior que permitirá presentar requisitos una sola vez, dar seguimiento a permisos y recibir notificaciones sin duplicar procesos. Con ello, el gobierno busca mayor trazabilidad y menos fricción administrativa.

Una petición cumplida

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el paquete responde a una serie de reuniones encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum con representantes empresariales.

En esos encuentros, el sector privado expuso los obstáculos que frenan la inversión; entonces, a partir de ese diagnóstico, el gobierno diseñó acciones inmediatas para acelerar proyectos, ampliar la actividad económica y elevar el empleo.

Ebrard señaló que el trabajo incluyó a prácticamente todo el gabinete, así como a los gobiernos estatales. El objetivo consistió en revisar, área por área, qué procesos podían mejorar y qué decisiones podían acelerar la inversión.

El resultado es un conjunto de medidas que involucran al sistema hacendario, el comercio exterior, las aduanas, la gestión tributaria y las compras públicas. También incluye facilidades para proyectos públicos y privados.

El secretario subrayó que la instrucción presidencial se centró en supervisar cada decreto y cada decisión. La administración quiere facilitar, acompañar y respaldar la inversión nacional y extranjera en un contexto de mayor competencia global por capital.

Condiciones para invertir

El sector privado asumió el llamado del gobierno con un mensaje de corresponsabilidad. La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, destacó que las acciones presentadas apuntan a un mismo objetivo.

La estrategia se basa en seis medidas coordinadas entre dependencias como Economía, Energía, Hacienda, Buen Gobierno, la Agencia de Transformación Digital y Banobras. El propósito consiste en agilizar proyectos dentro del Plan México.

Gómez Sierra subrayó que aterrizar el portafolio de inversión resulta clave para concretar una política industrial que impulse la prosperidad compartida. Para ello, señaló, se requiere planeación y trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada.

La empresaria planteó que el reto implica atraer nueva inversión, pero también reinvertir capital existente. A la par, se busca generar mayor valor agregado, sustituir importaciones de países sin tratados comerciales y vincular la educación con los sectores productivos.

También puso énfasis en la necesidad de impulsar inversiones mixtas y privadas en infraestructura, así como en fortalecer el mercado interno. A su juicio, el crecimiento económico depende de factores como la inclusión, la innovación, la digitalización y la sustentabilidad.

Gómez Sierra afirmó que los mecanismos anunciados representan una señal de confianza mutua. Para quienes dudan, el plan funciona como un incentivo. Para quienes han postergado proyectos, se convierte en un empujón.

El sector empresarial, añadió, asume tres compromisos. El primero, generar empleos. El segundo, cumplir con la legislación, en especial la ambiental y social. El tercero, iniciar proyectos de inmediato.

Más energía

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, planteó que el Plan México busca acelerar la transición energética del país. La meta consiste en elevar la participación de energías renovables de 24% a al menos 38%, con un esquema que mantiene 54% de generación pública y abre 46% a la inversión privada.

Para lograrlo, la Comisión Federal de Electricidad cuenta con 13 plantas en operación, cuatro en construcción, dos en proceso de licitación y nuevas convocatorias en puerta. Este esfuerzo permitirá incorporar cerca de 11,000 megawatts de energía limpia y alcanzar una capacidad total de 22,000 megawatts en renovables.

González Escobar destacó que el gobierno también apuesta por reducir los obstáculos regulatorios. La coordinación entre cinco instituciones permitió recortar en 60% el tiempo de los permisos de generación, que antes podían tardar hasta dos años y medio.

Además, se evaluan 81 proyectos de energías renovables bajo esquemas mixtos con la CFE y se abrirán nuevas convocatorias para inversión privada y almacenamiento con baterías. Como parte de este proceso, el gobierno lanzará una ventanilla digital que permitirá obtener permisos en plazos más cortos, incluso en un mes para proyectos de menor escala, con el objetivo de facilitar la inversión y acelerar la expansión energética del país.

Certeza fiscal

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, anunció la publicación de un acuerdo para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal en el Diario Oficial de la Federación. El objetivo consiste en fortalecer la certeza jurídica, mejorar la eficiencia administrativa y facilitar la inversión privada mediante reglas más claras en la actuación del SAT y la autoridad fiscal.

El acuerdo establece que, como regla general, se realizará una sola revisión fiscal integral por ejercicio y contribuyente, con auditorías bajo criterios uniformes y respeto al principio de no retroactividad. También contempla mejoras en los procesos para agilizar la devolución de saldos a favor, evitar sanciones cuando existan fallas en sistemas institucionales y promover mecanismos de regularización fiscal. Además, la autoridad buscará optimizar la coordinación administrativa y reforzar el cumplimiento de tratados internacionales para evitar la doble tributación.