Frente a un T-MEC que buscan preservar, legisladores republicanos y demócratas endurecen sus exigencias en temas fiscales, laborales, ambientales, industriales y de seguridad económica, una señal de que buscarán reglas más estrictas para la integración comercial de América del Norte .
La presión adquiere un peso político especial porque parte de las demandas provienen de integrantes del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el órgano más influyente del Congreso estadounidense en comercio , impuestos y aranceles. Desde ahí se diseñan tratados comerciales, gravámenes y buena parte de la política económica exterior de Estados Unidos. Además jugó un papel central en la negociación original del T-MEC durante el primer mandato de Donald Trump.
Esto cobra más relevancia porque integrantes de ese comité participan en las primeras conversaciones formales sobre la revisión del T-MEC en la Ciudad de México.
Legisladores demócratas de este comité reconocen que el T-MEC sigue como pieza estratégica para la economía y seguridad estadounidense, pero dicen que el acuerdo necesita ajustes profundos ante el nuevo entorno geopolítico y comercial.
Uno de los principales reclamos apunta directamente a México como plataforma de relocalización industrial. Los congresistas sostienen que los menores salarios, regulaciones más débiles y menores costos laborales continúan incentivando el traslado de fábricas y empleos estadounidenses hacia territorio mexicano. Por ello, pidieron nuevos mecanismos para castigar el offshoring y fortalecer la manufactura dentro de Estados Unidos y América del Norte.
También solicitan revisar las reglas de origen del T-MEC, especialmente en industrias estratégicas como automotriz, acero y aluminio. Según el documento, firmado por integrantes demócratas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes a la USTR, algunas disposiciones quedaron rebasadas por cambios tecnológicos o permiten beneficios para actores externos a la región, particularmente China.
La preocupación por China aparece como uno de los ejes centrales, porque legisladores señalaron que México aún no cuenta con un sistema sólido para supervisar inversiones extranjeras sensibles por razones de seguridad nacional, como sí existe en Estados Unidos y Canadá. En respuesta, plantearon construir mecanismos regionales de monitoreo y coordinación sobre inversiones estratégicas, minerales críticos y cadenas de suministro clave.
En materia laboral y ambiental, los demócratas exigen nuevas herramientas de vigilancia y sanción. Proponen crear un mecanismo de respuesta rápida ambiental similar al laboral para castigar contaminación industrial y violaciones ecológicas.
También reclamaron acelerar investigaciones laborales, combatir listas negras sindicales, frenar intimidación contra trabajadores y reducir la brecha salarial entre México y Estados Unidos mediante contratos colectivos sectoriales en industrias estratégicas.
Por otra parte, las exigencias republicanas se concentran en otro frente sensible para México: el fiscal.
Un grupo de congresistas del Comité de Medios y Arbitrios acusó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de aplicar auditorías retroactivas, reinterpretaciones fiscales y cobros inesperados contra empresas estadounidenses. Los legisladores afirmaron que México intenta corregir desequilibrios presupuestarios “a costa de empresas estadounidenses”.
La principal molestia gira alrededor de nuevos criterios del IVA aplicados a productos estadounidenses, incluidos ingredientes agrícolas y aditivos para alimento animal. Según los congresistas, operaciones previamente consideradas exentas ahora enfrentan cobros de IVA de hasta 16%.
Los republicanos advirtieron que las medidas se aplican de forma retroactiva, lo que impide a las empresas ajustar contratos o precios previamente pactados. También denunciaron multas, negativas de deducciones y requisitos millonarios para impugnar resoluciones fiscales del SAT.
En medio de estas presiones, el SAT ya sostuvo una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos en México, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y el Departamento de Agricultura estadounidense en su visita a la Ciudad de México, con el objetivo de reforzar el diálogo con sectores empresariales de ese país.
Durante el encuentro, funcionarios mexicanos señalaron que el SAT impulsa un sistema tributario transparente que promueve la inversión, el desarrollo y la certeza jurídica, además de fortalecer canales de comunicación y vinculación entre México y Estados Unidos.
El gobierno mexicano ya trabaja en varios ajustes como parte de su estrategia para acelerar inversiones y reducir fricciones con empresas internacionales.
Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, ha reconocido que embajadores y compañías globales externaron preocupación por criterios del SAT, retrasos en devoluciones de IVA y auditorías múltiples que generaban incertidumbre para inversionistas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum realiza cambios para atender esos reclamos. Entre ellos, limitar auditorías a una sola revisión por empresa, evitar reinterpretaciones retroactivas de criterios fiscales y agilizar devoluciones de IVA.
En conjunto, las exigencias muestran que el debate sobre el T-MEC ya escaló mucho más allá del comercio tradicional. Ahora incluye seguridad nacional, control de inversiones, cadenas de suministro, presión salarial, política industrial, supervisión ambiental y fiscalización empresarial.
