El futuro del T-MEC no se decidirá solo en la mesa de los gobiernos. El Congreso de Estados Unidos se perfila como un actor clave en la revisión conjunta del acuerdo comercial prevista para julio de 2026, un proceso inédito en la política comercial estadounidense que abre un nuevo espacio de supervisión legislativa sobre el tratado que rige el comercio en América del Norte.
El T-MEC se juega también en el Congreso de EU
El Capitolio emerge como freno a decisiones unilaterales del Ejecutivo, con capacidad para incidir en la agenda y en los cambios del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
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El mecanismo de revisión conjunta quedó plasmado en el propio texto del T-MEC como parte de una cláusula que establece una vigencia inicial de 16 años, sujeta a evaluaciones periódicas cada seis años. El objetivo, según sus defensores, fue evitar que el acuerdo quedara congelado en el tiempo. Para sus críticos, la cláusula introdujo un factor de presión política permanente.
De acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso, la Ley de Implementación del T-MEC obliga al presidente de Estados Unidos a consultar con el Congreso antes de cada revisión conjunta. Esto implica que la Casa Blanca no puede llegar sola a la mesa trilateral con México y Canadá. Debe hacerlo tras informar, escuchar y rendir cuentas ante los comités de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y de Finanzas del Senado, las instancias que concentran la autoridad legislativa en materia comercial.
Entonces, el Congreso aparece como un contrapeso clave frente al Poder Ejecutivo, y puede ser una aliado para México y Canadá.
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Durante una audiencia sobre el tratado, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Mike Crapo, defendió el balance del T-MEC y recordó que se trata de uno de los acuerdos comerciales con mayor respaldo político en la historia reciente de Estados Unidos. En 2020, el Senado lo aprobó con una votación de 89 a 10, el apoyo bipartidista más amplio que ha recibido un tratado de libre comercio.
Crapo sostuvo que el T-MEC protege empleos estadounidenses, fortalece la manufactura nacional y sostiene el crecimiento económico. Para respaldar ese argumento citó que el comercio con México y Canadá respalda alrededor de 13 millones de empleos en Estados Unidos, una cifra comparable a la población total del noroeste del país.
No solo eso, desde la entrada en vigor del acuerdo, Canadá y México han invertido 775,000 millones de dólares en Estados Unidos, un aumento de 55% frente al periodo previo al T-MEC.
En el sector agropecuario, las exportaciones estadounidenses hacia ambos socios alcanzaron 60,000 millones de dólares, casi una tercera parte del total de las ventas agrícolas externas.
Reconoció que el T-MEC no es un acuerdo perfecto y que aún existen pendientes, sobre todo en la aplicación de sus compromisos. Señaló áreas donde, a su juicio, se requiere una supervisión más firme, como biotecnología agrícola, lácteos, comercio digital, energía, servicios financieros y propiedad intelectual.
Aun así, llamó a no perder de vista el balance general y advirtió que no conviene permitir que lo perfecto se convierta en enemigo de lo bueno.
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El Congreso entra al tablero
El proceso de revisión está marcado por plazos precisos. Al menos 270 días antes de la cita de 2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos debe abrir una consulta pública y celebrar audiencias para recoger la opinión de empresas, sindicatos, organizaciones civiles y otros actores. A más tardar 180 días antes, debe entregar al Congreso un informe con su evaluación del funcionamiento del T-MEC, requisitos que ya se cumplieron.
Además, la USTR debe presentar las acciones que propondrá, la postura del Ejecutivo sobre la extensión del acuerdo y las opiniones de los comités asesores comerciales. Estas demandas colocan al Congreso en un papel activo, ya que los legisladores pueden evaluar si la administración cumple con la ley, cuestionar sus prioridades y presionar para que ciertos temas entren o queden fuera de la agenda. También pueden examinar los posibles efectos económicos de cualquier cambio y decidir si las modificaciones requieren nueva legislación.
La revisión de 2026 abre un terreno sin precedentes, porque se trata del primer acuerdo estadounidense sometido a este mecanismo, no existe una guía clara sobre su alcance. El Congreso puede optar por influir de manera directa en la definición de los temas a discutir, desde disputas bilaterales de larga data hasta posibles ajustes a las reglas de origen o al comercio libre de aranceles.
El propio documento del Congreso advierte que la revisión podría cruzarse con debates más amplios sobre la política arancelaria de Estados Unidos. Algunos legisladores cuestionan si el proceso del T-MEC es el foro adecuado para abordar aranceles impuestos bajo otras facultades presidenciales, como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional o la Sección 232 por motivos de seguridad nacional.
Si de la revisión surgen cambios que requieran modificar la ley estadounidense, el Congreso deberá aprobar una nueva legislación de implementación. Incluso sin la vigencia de la autoridad de promoción comercial, los legisladores conservan herramientas para influir en el resultado, desde condicionamientos presupuestales hasta reformas legales que refuercen o limiten las facultades del Ejecutivo.
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Nuevas agendas
Ese margen ya empieza a usarse. Dos legisladores republicanos de Florida, Vern Buchanan y Gus Bilirakis, presentaron un proyecto de ley para fortalecer el papel del turismo y los viajes dentro del T-MEC e integrarlo de forma explícita en la revisión. La iniciativa busca dar espacio a un sector clave para la economía regional, tradicionalmente relegado frente a industrias como la manufactura o la agricultura.
La propuesta plantea que la USTR impulse un grupo de trabajo especializado en viajes y turismo, con la participación de diversas agencias federales y del sector privado. El objetivo es identificar barreras, coordinar políticas y aprovechar mejor el potencial del turismo como generador de empleos, ingresos por exportaciones y crecimiento económico. Integrarlo de manera estructurada al tratado permitiría ampliar los beneficios del acuerdo más allá del comercio de bienes.
Durante su testimonio ante el Comité de Finanzas del Senado, Kevin Brady, ex presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, defendió al T-MEC como el estándar de referencia de los acuerdos comerciales de Estados Unidos y uno de los principales logros de la primera presidencia de Donald Trump. Recordó que el tratado obtuvo un respaldo político sin precedentes, con 385 votos en la Cámara de Representantes.
Brady subrayó que el éxito del T-MEC no puede entenderse sin la participación activa del Congreso, que impulsó reglas más estrictas, mayor transparencia y un proceso de revisión periódica que fortalece la supervisión del acuerdo. Para el exlegislador, la revisión sexenal y la vigencia de 16 años, que resultaron polémicas durante la negociación, ahora representan una oportunidad para actualizar el tratado sin debilitarlo.
Cerró su mensaje con una advertencia implícita. En un contexto de competencia global cada vez más intensa, el peso del T-MEC no disminuirá. Preservar y fortalecer la alianza con México y Canadá, afirmó, será clave para que Estados Unidos mantenga su posición económica y compita con éxito en la carrera por la innovación.
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