La lucha antifactureras pega a las empresas, por unos pagan todos

La reforma de 2026 al Código Fiscal de la Federación otorga a la autoridad nuevas facultades para realizar auditorías exprés que inician con una notificación entregada en el domicilio fiscal, acompañadas de levantamiento de pruebas fotográficas, videocámaras, grabadoras de audio y drones a cargo de funcionarios, además de la pausa al sello digital, que es indispensable para la emisión de facturas.

¿Qué es una facturera?

El objetivo es reforzar la estrategia para acabar con las empresas fantasmas o factureras, compañías constituidas legalmente que emiten facturas por operaciones simuladas (EFOS) con el fin de evadir impuestos, desviar recursos públicos o lavar dinero. Pero las nuevas disposiciones aplican para todos: fantasmas y reales.

La política contra las factureras inició en 2014, con Enrique Peña Nieto como presidente, cuando se otorgó al SAT la facultad de investigar y publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los RFC de presuntas empresas que facturaran operaciones simuladas, y a las definitivas, de no presentar pruebas a la autoridad de la prestación de servicios o venta de bienes.

Sin una reforma fiscal de fondo, con Andrés Manuel López Obrador, la política para la recaudación se centró en la fiscalización de grandes empresas, mientras avanzaba la digitalización y facilitación de procesos, el uso de inteligencia artificial para detectar discrepancias y las medidas para el combate a la evasión y elusión fiscal, como ejes del Plan Maestro de Operación del SAT implementado a partir de 2021.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con más información y procesos digitalizados, experiencia con el uso de IA y la aplicación de tecnología para el monitoreo de obligaciones, continúa con el Plan Maestro, y refuerza el combate a la compraventa de comprobantes fiscales falsos.

La batalla tiene potencial. Las factureras generan daños al erario público por 250,000 millones de pesos al año ; 2.5 billones de pesos en la última década, de acuerdo con estimaciones del fiscalista Luis Pérez de Acha.

“Pienso yo que nos va a dar más recaudación que cualquier incremento que pudiéramos hacer al ISR”, comentó Sheinbaum, en conferencia de prensa el 22 de agosto de 2025, cuando anunció la reforma.

La batalla antifacturas falsas aplica para todos

El gobierno asegura que las nuevas facultades del SAT solo aplican a las factureras; el uso de IA y algoritmos le ayudará a tener tiros más precisos, pero las nuevas disposiciones para evitarlas o enfrentarlas aplican para todos los contribuyentes, quienes, en su mayoría, no cuentan con la tecnología ni automatización de procesos.

“Todos corremos el riesgo, en algún momento, de que se nos aplique esa disposición y, por lo tanto, caigamos en las listas como empresa que factura operaciones simuladas. Esa contingencia existe, es real”, explica Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra Rueda.

Las nuevas disposiciones no precisan si aplican para grandes o pequeños contribuyentes y se extienden para quienes tengan facturas de los que resulten publicados en las nuevas listas y las hayan utilizado para obtener beneficios fiscales, y se les denomina EDOS (empresa que deduce operaciones simuladas), explica Luis Carlos Figueroa, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

A diferencia de las auditorías para corroborar la posible simulación de operaciones para emitir facturas que aplican desde 2014, con duración de 110 días hasta su resolución, las nuevas se reducen a 24 días, de los cuales solo cinco son para demostrar la materialidad de las operaciones, a través de pruebas materiales y documentales, como contratos, personal, infraestructura, bienes, reportes, fotos, videos, registros contables o flujos de efectivo, entre otros.

“Cinco días es muy poco, pues en las nuevas disposiciones no se define un límite de facturas a requerir. Hay clientes que emiten más de 100,000 facturas diarias. Mientras la autoridad corrobora pruebas y emite fallo, te bajan el switch, que es ponerle pausa al sello digital, indispensable para emitir facturas”, detalla Ulises Castilla, socio líder de la Práctica Legal de KPMG México.

La pausa del sello digital también complica timbrar la nómina y hacer operaciones de comercio exterior, agrega Giovanni Sosa, Counsel mercantil y financiero de Hogan Lovells.

Tras presentar las pruebas, la autoridad tiene 15 días para notificar resolución. Si se demuestra materialidad, reactiva el sello. Si no, el nombre y el RFC del contribuyente se publican en el DOF en la nueva lista de EFOS definitivos.

En este punto se activan las alertas para el común de los contribuyentes, porque quienes tengan facturas emitidas por los EFOS definitivos publicados tendrán 30 días para dar efectos retroactivos con declaraciones complementarias para revertir la deducibilidad de los gastos. Y sin garantía de audiencia, es decir, que no puede presentar pruebas para desvirtuar que son facturas falsas, explica Sosa.

Revertir la deducibilidad con declaraciones complementarias dependerá de que el contribuyente detecte a uno o varios de sus proveedores en las nuevas listas negras, no recibirá un mensaje de la autoridad. Aunque haya recibido servicios o bienes, sus comprobantes digitales pierden validez, pues una vez que el proveedor es publicado se asume que todas sus operaciones son inexistentes.

Una deducción de ISR o acreditamiento de IVA perderá el efecto fiscal; si el IVA es de 16%, en esa proporción se encarecen los costos. “Si no reversas, se inicia un procedimiento penal con prisión preventiva oficiosa. Esto está obligando a las empresas a revisar a sus proveedores. Me obligan a que vaya y haga la tarea de fiscalizar a los proveedores para tratar de llevar un control más estricto de este tema. Es más carga administrativa”, comenta el especialista de KPMG.

Incertidumbre

Actualmente, hay una brecha y desventaja tecnológica entre los contribuyentes y la autoridad, por lo que el reto en la mayoría de las empresas está en invertir en tecnología y capacitación.

En México, solo el 11% de las compañías cuenta con procesos de cumplimiento automatizados, y dos de cada 10 no han incorporado tecnología en absoluto, refiere la encuesta ‘Perspectivas de la Alta Dirección en México 2026’, de KPMG. Las mipymes, que son el 99% de las unidades económicas en el país, operan con herramientas manuales, el 60% aún depende de hojas de cálculo y solo una tercera parte utiliza software administrativo, según información de la Asociación de Emprendedores de México y Siigo Aspel.

Al cierre del 12 de junio pasado, el SAT ha publicado 903 empresas fantasma o EFOs como resultado de mayores facultades y herramientas que tiene la autoridad fiscal para combatir el delito de defraudación fiscal. Adicional a factureras, se le han restringido el sello digital a 7,300 contribuyentes, refiere Gari Flores Hernández, administrador general de Recaudación del SAT.

En tanto, el sector empresarial ha planteado disconformidades al gobierno mexicano, especialmente, en la pausa o cancelación del sello digital.

Las consecuencias, como la pausa de sellos digitales y la presunción de un delito fiscal, “se detonan desde el momento en que inicia la visita, ni siquiera cuando termina. Estamos en un estado de incertidumbre. Sí se ha planteado que es inconstitucional, pues implica una generalización y una carga de prueba donde tenemos que demostrar lo imposible, que es la materialidad, no hay criterios estables fijados en el CFF que nos diga cómo cumplir con esa obligación”, refiere Pérez de Acha.

Un acuerdo publicado en el DOF el pasado 4 de mayo para agilizar la inversión público y privada como parte del Plan México refiere que la autoridad fiscal “procurará” que la pausa o cancelación de sellos digitales sea un mecanismo de última instancia, además de garantizar el derecho de audiencia.

También, el hecho de que no haya un citatorio previo a las visitas para notificar e iniciar la auditoría exprés abre cierta argumentación sobre si esto deja en un estado de incertidumbre jurídica a los contribuyentes, pues la autoridad puede llegar a cualquier establecimiento del negocio y no encontrar al representante legal o la persona capacitada para atender, explica el especialista de Hogan Lovells.

En tanto, la corte resolvió, a principios de año, que el levantamiento de pruebas como fotos, videos, audios y el uso de drones en las visitas es constitucional, pues considera que son herramientas válidas para combatir la evasión fiscal y obtener evidencia.

“Los contribuyentes tendríamos que presentar amparos contra la reforma de 2026. En última instancia, esos amparos llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emite una jurisprudencia diciendo que es inconstitucional, o bien, lo esperado, que la reforma es constitucional, y, por tanto, se debe aplicar a todos los contribuyentes. Si al final la corte dice que los contribuyentes no tenemos la razón, nos quedamos desarmados”, concluye Pérez de Acha.