La cúpula empresarial ve con buenos ojos la Ley de Pago a 30 días

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión). Para que los proveedores cobren sus facturas en un plazo de 30 días, los grandes compradores, como son corporativos y el gobierno, deben estar de acuerdo. Uno de ellos respalda esta idea. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) ven con agrado la iniciativa que beneficiaría sobre todo a las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al darle liquidez para seguir operando.

“Nos parece una buena iniciativa porque le da recursos al emprendedor y al pequeño empresario para continuar con su trabajo productivo”, dice Carlos Salazar, presidente del CCE. El tema es tan importante para el desarrollo económico que los industriales la han hecho suya. “Hace seis años nosotros pusimos el tema sobre la mesa, que hubiera pago oportuno en un plazo que no pasara de los 30 días”, asegura Francisco Cervantes, presidente de la Concamin.

El apoyo de las grandes empresas es uno de los tres factores que la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) considera indispensable para que la propuesta que presentó en el Senado el pasado 20 de febrero se convierta en Ley. “Es una gran iniciativa, pero tiene que estar bien estructurada. El tema requiere de mesas de análisis para mejorarla”, dice Rodrigo Castañeda, tesorero de la Canacintra.

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Además, los gobiernos federal, estatal y municipal deben ser parte de esta ecuación. “Las compras de gobierno son un detonante de la economía del país y le da dinamismo al sector empresarial”, señala Castañeda. Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indican que, en 2017, el gobierno adjudicó 228,000 contratos por un monto superior a 585,000 millones de pesos. En 2018, registró 192,000 convenios y en lo que van de este año suman más de 23,000 contratos.

“Si pasamos una iniciativa como esa, todos, incluidos los tres niveles de gobierno, deben comprometerse a pagar en 30 días”, subraya el presidente del CCE. Para ello, habrá que entender la razón por la que la administración pública no paga a tiempo, indica Ulrick Noel, presidente de la ASEM . “Puede ser por procesos de recepción de facturas, de niveles de autorización o porque el producto o servicio debe ser validado técnicamente. Debemos comprender todo eso para dar respuesta a los proveedores”.

Otro elemento necesario para que la iniciativa de la ASEM se convierta en ley es el respaldo de legisladores para que la lleven a la tribuna e influyan en sus compañeros para que voten a favor de ella. Al menos 10 senadores de diferentes partidos, entre ellos Ricardo Monreal (Morena), Gustavo Madero (PAN) y Dante Delgado (Movimiento Ciudadano) se comprometieron a respaldar propuestas que beneficien a los emprendedores.

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También es indispensable el apoyo de la academia. La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey se encargará de revisar el marco jurídico en tres artículos constitucionales y ocho leyes federales en materia comercial, indica Fernando González-Rojas, director de Programas de Posgrado en Derecho de esa universidad.

La iniciativa propone sanciones para las empresas y funcionarios del gobierno que incumplan con el plazo de pago, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública. González-Rojas considera que también debe contemplar incentivos para las empresas cumplidoras.

Pero forzar a las empresas a que paguen en un plazo máximo de 30 días puede traer consecuencias, advierte Raymundo Tenorio, experto en competitividad y profesor asociado del Tecnológico de Monterrey. “No es prudente intervenir en el mercado, esto puede provocar más pleitos y amparos de las grandes empresas. Va a forzar la libertad para negociar, así que no creo que sea lo mejor”.

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Un efectivo nocivo puede ser que proliferen aún más los contratos de mercancía en consignación, es decir, que el proveedor reciba su pago cuando el producto sea vendido al consumidor final y no cuando la entregue a la gran empresa. La ASEM es consciente de eso.

“La ley no puede prohibir los acuerdos entre privados. Hay procesos que requieren plazos de pago hasta de 120 días”, indica Fernando Mendívil, socio fundador de la ASEM. Su propuesta es que estos acuerdos se registren en un portal para darles visibilidad y evitar abusos por posición dominante. “Lo que buscamos es que se respeten los derechos de las mipymes”, subraya el empresario.