Con este recurso, Telcel impugnaba diversos artículos de la Ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, entre ellos, el que establece que por ser una empresa con más del 50% de participación de mercado, no tiene libertad de establecer tarifas a sus clientes. Todas las tarifas que quiera aplicar deben ser aprobadas primero por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Lo que buscaba la empresa era la inconstitucionalidad de esos artículos que le impiden actualmente brindar los servicios con ventajas en su red.
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