La CFE abrió este frente con las empresas constructoras de los gasoductos en conflicto en febrero. El organismo pagó cerca de 5,800 millones de pesos el año pasado por infraestructura que no estaba terminada, debido a las llamadas cláusulas de fuerza mayor, que protegen a las compañías ante retrasos por cuestiones sociales, ambientales o políticas.
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Las empresas y la CFE han tratado de negociar estos contratos e, incluso, la empresa pública solicitó una serie de arbitrajes internacionales para solucionar el conflicto, aunque, por ahora, sin éxito.
Por ello, el gasoducto Texas-Tuxpan, construido por iEnova y Transcanadá, está detenido a pesar de estar ya terminado y que incrementaría en 40% la capacidad actual de importación de gas natural de México.
El conflicto también perjudica a Estados Unidos, ya que México es el principal destino de sus exportaciones de gas. Un freno a las ventas al exterior podría generar un incremento de la oferta y la caída de los precios.