El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a la Secretaría de Salud que emita una serie de precisiones para la aplicación del acuerdo de medidas preventivas para la mitigación del Covid-19, publicado el 24 de marzo, debido a que no ha quedado claro el alcance de la disposición, esto con el objetivo de determinar qué empresas deberán prepararse para dar continuidad a sus operaciones.
En un comunicado, el CCE consideró “de vital importancia” combatir el brote médicamente, pero también tomar las previsiones necesarias para que los servicios y funciones cruciales continúen con su operación de manera eficiente durante la respuesta a la pandemia.
“Es importante que sea la Federación la que dicte la normatividad aplicable para esta fase 2 y una posible fase 3, y de esta manera garantizar la certidumbre jurídica para la operación de estos sectores. De esta manera podrá haber uniformidad en los criterios de aplicación de los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar su eficaz implementación a nivel nacional”, indica el documento.
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Hace un par de días Carlos Salazar, presidente del CCE, advirtió que aún había dudas sobre el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
“Nos parece que debe estar incluida –y no está– el sector de alimentos y bebidas, que debe seguir operando en el día a día en nuestra opinión. (Las plantas) siguen en proceso de producción y distribución hasta que nos digan lo contrario, porque pensamos que por una omisión no se incluyó en el comunicado”, dijo.
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En este contexto, el organismo también pidió que no se limiten los horarios o se restrinja el acceso a las diferentes ciudades y poblados de la República Mexicana al transporte, para garantizar el abasto de productos y la provisión de servicios a la población durante esta pandemia.
Además, las organizaciones que integran el organismo pidieron precisiones de interpretación para los casos de suspensión de actividades, y sobre la definición de los grupos sociales vulnerables, y llamaron a la instauración de un diálogo permanente entre el sector público y privado.
“Será fundamental acordar las formas en que se puede proteger la economía de los trabajadores y sus familias, conservando las fuentes de empleo y evitando el cierre definitivo de unidades económicas, sobre todo de las mipymes, ya que de no lograrlo se podría generar un desempleo alarmante con implicaciones graves para la economía nacional”, concluye el documento.
