Esta reforma es el primer instrumento a nivel de Ley para modificar la dinámica actual del mercado de combustibles. Ayer, la Cámara de Diputados tambi´én aprobó otra modificación a la ley para quitar una serie de reglas que hacen más rígida la participación de Pemex en el mercado de venta de combustibles.
Las preocupaciones del sector privado giran en torno a la modificación de un artículo para que la empresa estatal Pemex pueda revocar los permisos previamente concedidos a compañías privadas si considera que atentan contra la seguridad energética, la seguridad nacional y la economía nacional. Tres conceptos muy amplios y que podrían abrir un boquete de discrecionalidad en el actuar de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía.
Así, los mayores afectados serán las compañías privadas con una autorización existente en las actividades de importación, comercialización, distribución y venta al público de gasolinas, diésel y otros combustibles, un mercado en el que la estatal Pemex perdió exclusividad de manera formal con la reforma de 2013.
La modificación, que fue enviada desde el Ejecutivo, también pone principal atención en combatir el contrabando fiscal de combustible, y plantea cancelar los permisos si es que se comprueba que una compañía incurrió en faltas relacionadas con la comercialización de gasolinas.
El cambio propuesto por el Ejecutivo, como parte de los movimientos en busca de la soberanía energética y de fortalecer a la estatal Pemex, han abierto un nuevo hueco entre el gobierno federal y la iniciativa privada.
Hasta ahora la mayoría de cambios legales en el mercado energético han sido frenados por juzgados especializados en competencia y la Suprema Corte de Justicia, pero los abogados del sector avizoran que la batalla legal que podría comenzar las empresas será más complicada de ganar.