La Corte Suprema decidirá el futuro de la protección para los 'dreamers'

La inmigración fue un asunto clave durante la primera campaña presidencial de Trump y será nuevamente en las próximas elecciones . Los candidatos presidenciales demócratas demostraron esta semana que también tienen la intención de aprovechar el tema , ya que se comprometieron a extender las protecciones en dos días de debates; algunos de los principales candidatos incluso dijeron que lo harían en su primer día en el cargo.

Los jueces han estado considerando si continuar con el caso durante meses, mientras permiten que continúen las renovaciones para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El programa, que protege a los participantes de la deportación y les permite trabajar en los Estados Unidos, se ha convertido en un punto focal en el debate sobre el muro fronterizo entre México y Estados Unidos propuesto por Trump y los esfuerzos para acabar con la inmigración.

Trump ha citado en repetidas ocasiones el hecho de que los tribunales inferiores bloquearon sus esfuerzos para eliminar la DACA y el potencial de una revisión de la Corte Suprema como una razón para no hacer un trato con los demócratas para extender el programa en un proyecto de ley integral de inmigración. El presidente ha sentido todo el tiempo que aunque los tribunales inferiores dictaminaron en su contra, finalmente prevalecería en el Tribunal Supremo, al igual que lo hizo la administración en la versión final de la prohibición de viajar.

El año pasado, por ejemplo, Trump tuiteó: "Simplemente muestra a todos lo quebrantado e injusto que es nuestro sistema judicial cuando el lado opuesto en un caso (como DACA) siempre corre al Noveno Circuito y casi siempre gana antes de ser revertido por tribunales superiores".

Muchos beneficiarios de DACA no pueden obtener un estatus legal por sí mismos porque fueron traídos al país ilegalmente o sus visas han caducado. Eso a menudo les impide convertirse en residentes permanentes legales porque uno de los requisitos es haber ingresado (y residido) en el país legalmente.

El anuncio del viernes se hizo sin comentarios ni discrepancias.

La acción del Congreso es poco probable

El presidente Barack Obama implementó este programa luego de que la reforma migratoria integral fracasara en el Congreso.

Si bien se ha introducido una legislación para consagrar las protecciones a la ley, se enfrenta a una batalla cuesta arriba, lo que le da un peso adicional a la inminente decisión del Tribunal Supremo.

La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó un proyecto de ley a principios de este año que proporcionaría un camino a la ciudadanía para más de 1 millón de inmigrantes indocumentados, incluidos los beneficiarios de DACA, pero es muy poco probable que se convierta en ley pronto, especialmente antes de una elección presidencial. Incluso si fuera a ser aprobado por el Senado controlado por los republicanos, se enfrenta a un cierto veto de Trump.

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La medida muestra que los jueces están dispuestos a saltar a la lucha política, incluso cuando el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, este término ha tratado de mantener a la corte fuera de la política partidista, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en la Escuela de Educación de la Universidad de Texas. Ley.

"El tribunal puede esperar que las ramas políticas lleguen a algún tipo de solución de compromiso en el receso, pero la acción de hoy sugiere que no están dispuestas a diferir indefinidamente a las ramas políticas".

La historia legal

El problema que enfrenta la Corte Suprema no es la legalidad del programa, sino la forma en que la administración de Trump quiso ponerle fin.

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En septiembre de 2017, el entonces fiscal general Jeff Sessions anunció la eliminación gradual de DACA, argumentando que se creó "sin la autoridad legal adecuada". La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, luego rescindió formalmente el programa. Según el plan original de la administración, las protecciones habrían comenzado a expirar en marzo de 2018. Pero una serie de desafíos legales y las decisiones judiciales subsiguientes mantuvieron vivo el programa.

Los demandantes, incluida la Universidad de California, un puñado de estados y receptores de DACA, argumentaron que la eliminación violó la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley federal que regula la forma en que las agencias pueden establecer regulaciones.

"DACA refleja el compromiso de nuestra nación de ayudar a las personas trabajadoras y crea esperanza y oportunidad para una nueva generación, muchas de las cuales fueron traídas a nuestro país cuando eran niños pequeños, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, en un comunicado el viernes. "Esperamos presentar nuestro caso ante la Corte Suprema".

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Tres jueces federales han dictaminado que la justificación y la manera en que la administración puso fin a DACA fue errónea. La administración había tratado de eludir los tribunales de apelaciones e involucrar al Tribunal Supremo en vano. Pero a fines del año pasado, la Corte de Apelaciones del 9.º Circuito de los Estados Unidos. Finalmente confirmó una decisión que bloqueaba la eliminación gradual, permitiendo la apelación de la Corte Suprema.

"Para ser claros: no creemos que DACA no pueda ser rescindida como un ejercicio de discreción del Poder Ejecutivo", escribió el juez de apelaciones Kim McLane Wardlaw. "Solo sostenemos que aquí, donde el Ejecutivo no hizo una elección discrecional para terminar con DACA, sino que actuó sobre la base de una visión errónea de lo que exigía la ley: la rescisión fue arbitraria y caprichosa según la ley establecida".