El fiscal general de EU da más facultades a funcionario sobre fallos migratorios

Si las apelaciones no se concretan en 90 o 180 días, el director podrá emitir un fallo, salvo en circunstancias muy específicas.

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La organización que representa a los jueces migratorios se opuso a la medida y señaló que los actos de la dependencia acaban con la transparencia y con la garantía de que la toma de decisiones sea independiente.

"En esencia, se está creando un zar de los tribunales migratorios", dijo Ashley Tabaddor, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, quien argumentó que la pauta condensará la regulación y la adjudicación en "un solo individuo" y da preferencia a las directivas regulatorias por encima del análisis jurídico apolítico. "Es el último clavo del ataúd de cualquier cosa parecida a una toma de decisiones independiente", dijo a CNN.

Según el texto de la pauta, también se transfieren algunos programas de los tribunales migratorios de la Oficina del Abogado General a la Dirección de Reglamentación para "alinear más adecuadamente dichos programas con su carácter regulatorio".

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Los activistas migratorios consideran que estos cambios son una forma de implementar las prioridades de la administración Trump en el sistema de tribunales migratorios.

"Este nuevo reglamento le quita, en la práctica, el poder a los jueces de inmigración independientes y lo centraliza en los funcionarios de la administración", dijo Ali Noorani, director ejecutivo del National Immigration Forum.

No obstante, la portavoz del Departamento de Justicia, Sarah Sutton, dijo que la dirección no es un cargo político y que el cambio no se contrapone a "las funciones esenciales" de la Junta de Apelaciones Migratorias.

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"Del texto del reglamento se desprende que estos cambios no interfieren con las funciones esenciales de la Junta de Apelaciones Migratorias", señaló Sutton en un comunicado. Posteriormente, invitó al público a opinar sobre el reglamento.

Hasta finales de junio había más de 950,000 casos pendientes en los tribunales migratorios de todo Estados Unidos, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

La administración ha presionado cada vez más al Departamento de Justicia para que ponga al día la enorme carga procesal.

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Los tribunales migratorios dependen del Departamento de Justicia; el secretario de Justicia, William Barr, puede opinar en los casos de apelaciones migratorias. Bajo el mandato de Barr —así como durante el mandato del ex secretario Jeff Sessions—, la dependencia ha emitido varios fallos que han limitado las bases para las solicitudes de asilo.

En abril, Barr señaló que los jueces migratorios no podían liberar bajo fianza a algunos solicitantes de asilo que habían demostrado el requisito del miedo creíble y que eran candidatos a la deportación, fallo que se contrapone de forma importante a un fallo previo y con lo que se podría retener indefinidamente a los inmigrantes .

A finales del año pasado, un juez federal falló en contra de una medida con la que Sessions pretendía dificultar
que las víctimas que huyen de la violencia doméstica y de la violencia de pandillas fueran candidatas a asilo.

En Estados Unidos hay más de 60 tribunales migratorios y alrededor de 400 jueces.

Los detractores del sistema, que dicen que debería ser más independiente del Departamento de Justicia, recomendaron rescindir las cuotas y los parámetros recién impuestos para evaluar a los jueces migratorios y señalaron que las cosas son más injustas para los migrantes con los actos recientes.

Hace unos meses, la Asociación de Barras de Abogados de Estados Unidos señaló que "el sistema actual es irremediablemente disfuncional y está al borde del colapso".

El Departamento de Justicia aceptará comentarios del público respecto al reglamento durante 60 días posteriores a su publicación en el diario oficial.

Dan Berman, Priscilla Alvarez y Catherine E. Shoichet, de CNN, contribuyeron con este reportaje.