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Nuestras Historias

Para la población LGBTQ de Estados Unidos, la Corte Suprema ya es otra

Hace cinco años. el máximo tribunal estadounidense declaró el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo, pero ahora la confirmación es muy distinta.
jue 10 octubre 2019 05:04 AM
Desvía la responsabilidad
Los ministros conservadores indicaron que le correspondía al Congreso, no al tribunal, aclarar el alcance de esa protección para los trabajadores.

Joan Biskupic

WASHINGTON- Desde hace casi un cuarto de siglo, la Suprema Corte de Estados Unidos ha sentado protecciones constitucionales para las personas homosexuales, tendencia que llegó a alturas dramáticas con su decisión de 2015, en la que declaró el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo .

El martes, los nueve ministros oyeron un caso más definido pero potencialmente más práctico para la comunidad LGBTQ: ¿la ley federal de 1964 que prohíbe la discriminación laboral por motivos sexuales abarca los prejuicios por la orientación sexual o la identidad de género de una persona?

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El tenor de las preguntas de los ministros —a quienes a veces les preocuparon los baños y las regaderas compartidos— indicó un alejamiento del patrón constante de defensa de derechos de los gays.

Esta es la naturaleza de la nueva disputa y, lo más trascendente, de la nueva Suprema Corte.

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Esta es la primera semana de la sesión anual de los ministros; promete ser particularmente divisiva —abarca, además de los derechos de los gays, el aborto, el control de armas y algunas disputas migratorias —, ya que los ministros ahora están divididos en cinco conservadores y cuatro liberales. Es muy probable que los fallos del tribunal choquen en plena campaña electoral para la presidencia en 2020.

Los tres casos que el tribunal oyó el martes giran alrededor de una disposición federal, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación laboral "por motivos sexuales". Los ministros conservadores indicaron que le correspondía al Congreso, no al tribunal, aclarar el alcance de esa protección para los trabajadores.

El ministro Samuel Alito argumentó que "si el Tribunal […] interpreta esta disposición de 1964 que prohíbe la discriminación con base en la orientación sexual", algunas personas podrían pensar que los ministros están "actuando justamente igual al poder legislativo".

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Lo más significativo es que esta es la primera disputa sobre derechos LGBTQ que se oye desde que se retiró el ministro Anthony Kennedy en 2018. Este conservador centrista encabezó la protección de los derechos de los gays en casos complicados en 1996, 2003 y 2015 y tuvo la mayoría gracias a los ministros de izquierda.

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El martes, tras dos horas de interrogatorios a menudo intensos, no se definió una mayoría a favor de los dos gays a los que despidieron de su empleo: un instructor de paracaidismo y coordinador de servicios de asistencia social para niños y una mujer transgénero que era directora de una funeraria.

El único de los cinco ministros del ala conservadora que mostró interés por alinearse con los cuatro ministros liberales fue el ministro Neil Gorsuch. Pese a todo, Gorsuch dijo que podría ser "difícil" determinar que el texto del Título VII abarca a las personas gays o transgénero y que le preocupaba "la gran agitación social" que podría surgir de dicho fallo.

Manifestó que le inquieta que los baños y los códigos de vestimenta de los lugares de trabajo queden repentinamente sujetos a demandas si el máximo tribunal interpreta que el Título VII abarca a las personas LGBTQ.

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Pamela Karlan, abogada de las personas gays que perdieron su empleo, dijo en su análisis jurisprudencial que las personas gays reciben un trato diferente "por motivos sexuales" si los despiden porque querían salir con otros hombres. Además, enfatizó que su análisis involucra necesariamente el perjuicio que una "persona razonable" sufriría y no la "preferencia ideológica" relacionada con "un código de vestir o regla de uso de baños que en otra situación serían válidos".

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¿La ley al pie de la letra o sujeta a interpretación?

Karlan, profesora de Derecho de la Universidad de Stanford, y David Cole, director jurídico de la Unión Estadounidense de los Derechos Civiles (ACLU), representantes de Aimee Stephens (la mujer a la que despidieron de la funeraria), argumentaron que la letra del Título VII y los precedentes de la Suprema Corte abarcan la discriminación por orientación sexual o condición de transgénero.

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La ministra Ruth Bader Ginsburg simpatizó con este argumento y señaló que cuando se redactó la ley, hace 55 años, los miembros del Congreso no habrían contemplado los agravios surgidos del acoso sexual. Sin embargo, la Suprema Corte falló más de dos décadas más tarde, en 1986, que el acoso se contemplaba en el Título VII, una vez que quedó clara la conducta a la que estaban sujetas las mujeres en el entorno laboral.

"Nadie pensó que el acoso sexual entraba en la discriminación por motivos sexuales en el 64", dijo Ginsburg, quien cobró prominencia nacional como defensora de los derechos de la mujer en la década de 1970. "…Ahora decimos que claro, acosar a alguien, sujetarla a términos y condiciones de empleo a los que no se la sujetaría si fuera hombre es discriminación sexual, pero al principio no se reconocía como tal".

A las preguntas de Ginsburg que reflejaban la apertura a una interpretación más amplia del Título VII se unieron los ministros liberales Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.

Desde el otro bando, el ministro presidente John Roberts , se preguntó si los argumentos de Cole respecto al alcance del Título VII adolecían de pasar por alto las políticas laborales actuales, particularmente si una persona transgénero quería "usar el baño según su identidad de género y no su sexo biológico".

Roberts le hizo notar a Karlan, en otra instancia, que cuando los estados extienden sus protecciones antidiscriminación por motivos de orientación sexual y condición de transgénero, incluyen exenciones a patrones religiosos y propuso que el dilema debería dejarse en manos de los funcionarios electos.

En 2015, Roberts fue uno de los cuatro ministros que disintió de Kennedy cuando se declaró el derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo; los abogados de los quejosos de los casos del martes citaron las opiniones previas del ministro presidente en sus expedientes, particularmente que "los tribunales federales son armas contundentes cuando se trata de crear derechos".

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El ministro más novato, Brett Kavanaugh, quien sucedió a Kennedy y tiene antecedentes más conservadores, habló solo una vez en las dos horas que duró la sesión y no reveló su postura. El ministro Clarence Thomas no hizo preguntas, como es costumbre.

El procurador general Noel Francisco se puso del lado de los quejosos en nombre de la administración Trump y haciendo referencia al fallo del tribunal sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo de 2015, señaló: "En Obergefell [contra Hodges], este Tribunal dejó muy en claro que eran personas buenas y decentes que tenían opiniones diferentes respecto al matrimonio de personas del mismo sexo y que habría que respetarlos. El proceso legislativo es el proceso que permite que esas posturas […] se respeten".

Sotomayor respondió: "¿En qué momento un tribunal sigue permitiendo la discriminación injusta? […] ¿En qué momento un tribunal dice que el Congreso ya habló sobre esto, el Congreso que escribió originalmente esta disposición nos dijo qué era lo que querían decir? Usaron palabras claras y sin importar lo que otros hayan pensado con el correr del tiempo, es muy claro que lo que está pasando cabe en esas palabras".

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Francisco replicó: "Supongo que mi respuesta, su señoría, sería en qué momento el Congreso se encarga de ese tema".

Cole, de la ACLU, tuvo la última palabra en su refutación: "Interpretar la disposición no es despojar al proceso democrático. Es hacer lo que el tribunal tiene que hacer dentro del proceso democrático y, desde luego, si el proceso democrático no coincide con la interpretación del tribunal, puede cambiarlo".

Al parecer, será difícil convencer a esta nueva mayoría.

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