El informe es una hoja de ruta hacia las causales formales de destitución, un argumento para convencer a un país dividido en dos de que el destino político de Trump no puede ser otro que retirarlo del cargo once meses antes de las próximas elecciones generales por haber presionado a Ucrania a que le concediera favores políticos.
La acusación grave que la Comisión de Justicia de la cámara baja analizará en su primera audiencia en el proceso de destitución , el miércoles, 4 de diciembre, coincide con la seriedad del deber más sombrío del Congreso: decidir si pone fin a una presidencia. Decidir si el 45º presidente de Estados Unidos representa una amenaza clara, inmediata y futura a la seguridad nacional, la Constitución y la mismísima adaptabilidad de la autonomía democrática de la república.
"Esto debería importarnos, esto debe importarnos; si esto no nos importa, podemos tener por seguro que el presidente volverá a hacerlo otra vez", dijo Adam Schiff, diputado demócrata por California y presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el martes, 3 de diciembre.
Pese al clamor apabullante de los dos meses de intrigas en el proceso de destitución y del violento intercambio de fuego político, la audiencia del miércoles representa un momento oscuro en la historia estadounidense.
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Solo ha habido tres ocasiones en las que el intento por echar a un presidente en funciones ha llegado tan lejos como ahora y, usualmente, los procesos de destitución abren una herida política que infecta la vida política del país por décadas.
Pese a que la situación actual es de gran relevancia, difícilmente sorprende a nadie. Desde sus primeras horas, la presidencia de Trump ha roto con los convencionalismos de su investidura, ha rechazado los límites que sus predecesores aceptaron y ha arremetido contra los límites de la ley. Muchas veces, el proceso de destitución ha parecido la consecuencia lógica.
