Álex Saab, un presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, está recurriendo a pesos pesados para impedir su extradición a Estados Unidos, donde podrían enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero.
El miércoles, su defensa informó que contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de una extradición a Estados Unidos, que afronta en Cabo Verde, un país insular en África Occidental.
De acuerdo con la agencia EFE, Garzón integrará el equipo legal del empresario y le defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales y de ese país africano.
Además, el empresario colombiano presentó un recurso de amparo ante el Supremo Tribunal de Justicia para impedir que sea llevado a Estados Unidos. La extradición ya ha sido avalada por el gobierno de Cabo Verde, pero será el poder judicial quien tome la decisión.
A continuación te presentamos quién es Saab, cual es su relación con el gobierno de Nicolás Maduro y de que lo acusa la administración de Donald Trump.
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que Saab se aprovechó desde 2016 de contratos sobrevalorados vinculados a los CLAP, un plan venezolano de ayuda alimentaria destinado a una población que padecía hambre y desnutrición en medio de una intensa carestía.
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con "cientos de millones de dólares".
La confabulación incluiría a 13 compañías en varios países y operaciones ilegales en el sector del oro en Venezuela.
Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según Estados Unidos, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Si son hallados culpables, enfrentan hasta 20 años de prisión.
Un alto funcionario estadounidense, dijo a la agencia AFP bajo condición de anonimato, que ante la escasez de divisas a principios de 2018, Maduro le otorgó a Saab el monopolio de la venta de oro extraído ilegalmente de las selvas del Arco Minero del Orinoco, vastas zonas mineras del sur de Venezuela.
El Tesoro dijo que Saab trabajó con el exvicepresidente venezolano y actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, para montar esa estructura, que tuvo apoyo del Bandes y del Banco Central de Venezuela (BCV).
Desde noviembre pasado, Saab y su esposa italiana, Camilla Fabri, están siendo investigados en Italia por su supuesta participación en una red de lavado de dinero de los subsidios para Venezuela relacionados con el programa CLAP, que tiene unos 16 millones de beneficiarios, indicó la prensa italiana.
Además, el 9 de junio la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles que "harían parte del patrimonio ilícito" de Saab.
Según la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35,000 millones de pesos (unos 9.7 millones de dólares) y están en Barranquilla.
Saab fue detenido el 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal -la más importante de este país insular de África occidental- en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
Tras la detención del empresario, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del gobierno, que se hallaba "en tránsito" en Cabo Verde para regresar al país.
Jorge Arreaza, ministro de Exteriores venezolano, publicó en Twitter el 9 de junio un comunicado donde asegura que ha "emprendido todas las gestiones correspondientes por vía diplomática y legal para garantizar los derechos" de Saab, quien habría sido detenido de manera "arbitraria" e "irregular" respondiendo a una orden de captura de Interpol.
Arreaza señaló que Saab fue detenido "durante una escala técnica necesaria para continuar su trayecto con el objetivo de realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos" para los CLAP.
El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos "habeas corpus" (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su "encarcelamiento ilegal", pero ambos fueron desestimados.
El empresario "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde", dijo su abogado, José Manuel Pinto Monteiro, a la agencia EFE.
Como defensor de Saab, Baltasar Garzón va a "liderar un proceso contra Estados Unidos y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela", explicó Pinto por teléfono a EFE en Praia, la capital caboverdiana.
Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago "un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen" de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal.
El valor de la indemnización que se planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.
Garzón dirige actualmente el bufete Ilocad, con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.
En su carrera como juez, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990) lo que le mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.
Por otro lado, el presunto testaferro, según la misma fuente, no está contento con las condiciones de su detención en Sal, adonde fue trasladado el pasado día 3 desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, por motivos de seguridad.
El empresario ha exigido una celda con más espacio y comodidad, se ha quejado de las picaduras de los mosquitos y ha solicitado la visita periódica y reglamentada de un médico que supervise su estado de salud, además de considerar inadecuada su alimentación, "bastante diferente de la dieta a la que está habituado".
La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.
Con información de EFE y AFP
