Con la reforma el gobierno aspiraba recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para estabilizar las finanzas de un país con un desempleo urbano del 16,8% en marzo, cuyo PIB cayó un 6,8% en 2020: su peor desempeño en medio siglo.
Las protestas se dan mientras Colombia atraviesa una tercera ola de contagios que tiene a los hospitales al borde del colapso y el personal de salud agotado.
Con más de 2,8 millones de contagios y casi 74.000 fallecidos registrados desde el 6 de marzo de 2020, el país es, respectivamente, cuarto y quinto más afectado de América Latina y el Caribe en ambos aspectos, en proporción a su población.
Silencio oficial
A la par de las protestas se registran desde el miércoles fuertes disturbios en el centro y suroeste del país.
En respuesta, el gobierno decidió militarizar la ciudad de Cali (suroeste), capital de 2,2 millones de habitantes del Valle de Cauca, con la llegada de unos 3.000 soldados y policías.
Desde esa urbe, el ministro de Defensa, Diego Molano, denunció que los desmanes fueron orquestados por "organizaciones criminales", entre las que se encuentran disidencias que no se acogieron al pacto de paz firmado con la guerrilla FARC en 2016.
El gobierno ha mantenido un silencio oficial sobre la cantidad de civiles heridos en las manifestaciones y los desmanes, y solo reconoce un muerto, a pesar de que se multiplican las denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública.
