La "guerra contra las pandillas" que libra en El Salvador el presidente Nayib Bukele, cumple un mes con más de 19.000 detenidos, pero ganarla pasa por ofrecer alternativas a quienes ven en este cruel submundo una salida a la pobreza.
Bajo un régimen de excepción cuya vigencia terminó este 27 de abril, pero que se extenderá al menos hasta fines de mayo, la Policía y el ejército detienen sospechosos sin órdenes judiciales, la mayoría con tatuajes que representan a sus bandas.
La solicitud de ampliación enviada por el Ejecutivo al Congreso deja entrever que esta será nuevamente la apuesta.
La Constitución de El Salvador señala que para ampliar un régimen de excepción es necesario que se mantengan las mismas circunstancias que lo originaron, en este caso la ola de asesinatos.
La medida extraordinaria se aprobó el 27 de marzo a raíz de la escalada de violencia que se cobró la vida de 87 persona en tres días y colocó el día 26 como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 víctimas.
Sin embargo, el gobierno admitió que dicha escalada fue controlada, pero que la cantidad de pandilleros en libertad podría poner en peligro "los avances alcanzados”.
Los primeros 30 días de dicho régimen también han estado marcados por las denuncias en redes sociales de detenciones arbitrarias y de llamados de organismos nacionales e internacionales a atender supuestos abusos cometidos durante este periodo.
Para Amnistía Internacional, la medida de Bukele desató una "tormenta perfecta de violaciones a los derechos humanos", con detenciones arbitrarias incluso de menores de entre 10 y 12 años, de poblaciones pobres.
Pero el gobernante de 40 años destacó que su plan tiene el 91% de apoyo ciudadano, según una encuesta de CID Gallup.
En un país con 30.7% de pobreza y una población que migra en busca de empleo, para resolver este problema se deben "modificar las condiciones que hacen que un sector recurra a la vida de crimen para subsistir", dijo a la AFP el investigador de la Universidad Internacional de la Florida, José Miguel Cruz.
La cifra de detenidos en El Salvador durante el régimen de excepción supera las 19,000 entre finales de marzo y este miércoles.
De acuerdo con Bukele, se han detenido a más de 19,000 supuestos miembros de pandillas o personas vinculadas a estas bandas y suman tres días consecutivos con más de 1,000 detenciones.
Ni el mandatario, ni las autoridades de Seguridad han detallado cuántas de las personas detenidas son miembros de pandillas, a qué pandilla pertenecen y cuántas son señaladas de tener vínculos con dichas estructuras.
Las detenciones masivas ha sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante el régimen de excepción, pero hasta el momento se desconoce si el gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.
El Ejecutivo de Bukele lanzó en 2019 el Plan Control Territorial (PCT) para cortar las fuentes de financiamiento de las maras y retomar las zonas controladas por dichas bandas, en su mayoría barrios y colonias populosas.
Sin embargo, la población en general desconoce un documento oficial que detalle el camino para atender desde el Estado el fenómeno de las pandillas.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, tienen más de 70,000 miembros —de los cuales 34,000 están encarcelados—y han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
Los arrestados pasan por "jueces sin rostro, prohibidos por la constitución", y no por la justicia ordinaria, explicó el juez Juan Antonio Durán, quien considera que se ha caído en "el populismo penal" donde "no capturan solo a culpables (...) sino a un montón de gente inocente”.
Dijo que se realizan juicios "sin el reo y sin testigos" presentes.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a Bukele combatir el crimen protegiendo los derechos civiles.
Verónica Aguirre, de 26 años, llegó hasta el "Penalito", un lugar en la capital donde son llevados sospechosos. Dice que su esposo fue detenido sin prueba alguna.
"Bajo el régimen [de excepción] no podemos presentar pruebas de que el imputado está siendo juzgado de manera incorrecta. Están pagando justos por pecadores y esto no tiene que ser así, la justicia tiene que ser transparente", lamentó.
"Tenemos una tendencia fuerte a los castigos generales, que son una barbaridad (...) y son fuente de violaciones de derecho", lamentó el sacerdote jesuita José María Tojeira, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA).
El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que "la población honrada no tiene nada que temer".
Creadas por inmigrantes en Los Ángeles, Estados Unidos, la Mara Salvatrucha y Barrio 18 subsisten de las extorsiones y venta de drogas en El Salvador.
Tras el plan de Bukele, en algunas rutas del transporte los delincuentes "ya no están llegando" a extorsionar, dijo a la AFP el empresario de autobuses Juan Pablo Álvarez, exalcalde de la periférica ciudad de Soyapango.
"Lidiar" con las pandillas representa un costo "muy alto (...) Me ha tocado enterrar a mi hermano, a más de 10 empresarios y a 25 empleados, en su mayoría choferes", confesó.
Felipe, un pequeño comerciante que reserva sus apellidos, contó que en su zona, donde se cobraban cupos hasta vendedores de verduras, los pandilleros "están desaparecidos y el comercio fluye, la gente deja de tener miedo de venir al centro" de San Salvador.
El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Eduardo Cáder, contó que los repartidores de productos están entrando a algunas comunidades sin pagar “renta".
Para el investigador y maestro universitario Carlos Carcach, el gobierno está logrando "incapacitar a un gran número de criminales activos, con indicios de que es posible neutralizar totalmente a esas estructuras". Pero se trata de una lucha de "largo aliento", donde debe desincentivarse a los jóvenes de integrar estas bandas.
Bukele reconoció que las pandillas son "un entramado social difícil de romper" con familias involucradas, y "es como curar un cuerpo con un cáncer con metástasis”.
Aunque, dijo, para un pandillero "solo hay dos posibles caminos: la cárcel o la muerte", y prepara la construcción de nuevas prisiones.
Las penas por pertenecer a una pandilla ahora se sancionan con hasta 45 años, y quien difunda sus mensajes puede recibir 15 años, hecho que puede limitar la cobertura informativa del tema, reclamaron gremios de prensa.
Para el investigador Cruz, mientras no haya desarme, a la par de programas sociales que disminuyan las causas que llevan a muchos jóvenes a meterse a las pandillas, el país tiene muy poco futuro”.
Según el obispo auxiliar de San Salvador, cardenal Gregorio Rosa Chávez,"hay una ausencia total de oportunidades para alguien que se equivocó" y pidió "oportunidades de rehabilitación”.
De acuerdo con un informe de detenciones al que tuvo acceso el periódico local La Prensa Gráfica y que fue validado, según el medio, por defensores de derechos humanos, al menos 1,620 menores de edad, entre los 12 y los 17 años, fueron capturados entre el 27 de marzo y el 20 de abril del año en curso.
Lo anterior implica, según una publicación del periódico, que en promedio las autoridades han detenido a 65 jóvenes cada día a nivel nacional y que todos ellos tienen asegurada su permanencia en detención provisional mientras se resuelve su situación jurídica.
Estos jóvenes y adolescentes enfrentarán un proceso penal como adultos, no tienen derecho a la defensa, no pueden gozar de medidas alternativas a la detención y permanecerán encarcelados todo el tiempo que dure la causa en su contra.
Según el informe, del total de menores detenidos hay 1,367 de sexo masculino y 253 de sexo femenino, lo que representa que aproximadamente 8 de cada 10 capturados son hombres jóvenes.
La mayor cantidad de detenidos se concentra en el departamento de San Salvador con un total de 1,121 capturados, seguidos por San Miguel (oriente) y Santa Ana (occidente) con 201 y 155, respectivamente, apunta la nota.
Con información de AFP y EFE
