RANGÚN, Myanmar- La junta militar de Myanmar ejecutó a cuatro opositores, incluyendo a un antiguo diputado del partido de la exdirigente Aung San Suu Kyi, siendo la primera aplicación de la pena de muerte en el país en décadas, informó la prensa estatal el lunes.
Las ejecuciones provocaron una condena generalizada y generaron llamados a la comunidad internacional para que tome medidas más severas contra la junta ya aislada.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dijo "consternada" por las ejecuciones, una medida que tachó de "cruel y regresiva". "Es una continuación de la actual campaña de represión de los militares contra su propio pueblo", añadió en un comunicado.
La junta militar ha sentenciado a muerte a decenas de activistas antigolpistas tras tomar el poder el año pasado, pero Birmania no había practicado una ejecución en décadas.
Los cuatro opositores, entre los que figura también un prominente activista por la democracia, fueron condenados a muerte y ejecutados por encabezar "actos de terror brutales e inhumanos", reportó el diario estatal Global New Light of Myanmar.
El periódico dijo que las ejecuciones se hicieron según "el procedimiento de la prisión", sin detallar cuándo ni cómo se llevaron a cabo.
Tras la noticia, el partido prodemocracia NLD de la derrocada líder Aung San Suu Kyu se dijo "devastado". Uno de los cuatro ejecutados, Phyo Zeya Thaw, de 41 años, era un exlegislador de sus filas.
El hombre fue detenido en noviembre y sentenciado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo. Pionero del hip hop en Birmania, cuyas letras criticaban al ejército, estuvo detenido en 2008 por pertenecer a una organización ilegal y posesión de divisas.
Obtuvo un escaño como diputado en las elecciones de 2015, durante la transición del gobierno militar al civil.
Otro de los ejecutados es Kyaw Min Yu, conocido como "Jimmy". Fue un prominente activista por la democracia de 53 años y recibió la misma sentencia del tribunal militar tras ser detenido en octubre y condenado en enero.
Era un escritor y opositor conocido por su papel en el levantamiento estudiantil de 1988 contra la junta militar de la época.
Según los medios locales, miembros de las familias de los dos primeros se plantaron ante la prisión de Insein en Rangún, con la esperanza de recuperar sus cuerpos sin vida.
Los otros dos fueron sentenciados a muerte por el asesinato de una mujer que, según ellos, era una informante de la junta en Rangún.
La junta fue duramente criticada por las potencias internacionales cuando anunciaron el mes pasado su intención de llevar a cabo las ejecuciones.
La última ejecución capital en Birmania se remonta a 1988, según un informe de expertos de la ONU de junio, que contabilizó 114 condenas a muerte desde el golpe de Estado.
Los expertos subrayaron que la ley marcial otorgaba a los militares la posibilidad de pronunciar la pena de muerte por 23 "delitos vagos y definidos en forma amplia" y, en la práctica, por toda crítica contra el poder.
Advirtieron que las ejecuciones podrían acelerarse si la comunidad internacional no reaccionaba.
Es probable que las ejecuciones agraven el aislamiento internacional de los militares birmanos, que se hicieron con el poder por la fuerza el 1º de febrero de 2021 bajo pretexto de un supuesto fraude en las elecciones del año anterior, en las que el NLD arrasó.
"Estos actos perversos deben marcar un punto de inflexión para la comunidad internacional. El statu quo de la inacción internacional debe rechazarse con firmeza", reaccionó Tom Andrews, relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Myanmar, en Twitter.
I'm devastated by news that former parliamentarian Zeyar Thaw and longtime activist Ko Jimmy were executed with two others today. UN Member States must honor their lives by making this depraved act a turning point for the world's response to this crisis. My statement attached. pic.twitter.com/zhdBxFDXoo
— UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) July 25, 2022
Las ejecuciones han sido condenadas por Estados Unidos, Japón y Francia, que describió una "nueva etapa en la escalada de las atrocidades".
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la decisión era una "flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas".
La directora para Asia de la ONG Human Rights Watch, Elaine Pearson, pidió a la comunidad internacional "mostrar a la junta que habrá una rendición de cuentas por sus crímenes".
Según una ONG local, más de 2,000 civiles murieron y más de 15,000 fueron detenidos desde el golpe de Estado.
Entre los detenidos figura Aung San Suu Kyi, exdirigente y premio Nobel de la Paz de 77 años, que se enfrenta a varios cargos que pueden totalizar hasta 150 años de prisión.
