Esta reforma fue condenada por Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y organizaciones feministas dentro y fuera de Honduras.
El 4 de junio de 2021, la Corte Suprema de Honduras admitió un recurso de anticonstitucionalidad presentado por colectivos feministas contra este decreto de ley.
Durante 2022, varias organizaciones a favor de los derechos de las mujeres han emitido amicus curiae , un escrito realizado por terceros ajenos a un caso en el que ofrecen su opinión para aportar más contexto e información a la discusión que se debe dar en un tribunal.
“Estamos presentando estándares de derechos humanos frente a por qué el aborto es un derecho reproductivo, por qué es una obligación de los Estados proveerlo como parte de sus obligaciones en salud sexual y reproductiva y cómo ya hay diferentes cortes en el mundo que se han pronunciado en estos temas” dijo la directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos reproductivos se dedica a hacer litigio estratégico, Catalina Martínez Coral, en entrevista con Contracorriente, un medio hondureño.
Martínez Coral señala, de acuerdo con un comunicado de la organización, en que forzar a las sobrevivientes de violación sexual a asumir una maternidad vulnera más de nueve derechos fundamentales de esas mujeres y niñas, incluyendo los derechos a la vida, la dignidad, la autonomía, la salud sexual y reproductiva, la no discriminación, el acceso a la información, la educación y a no ser sometidas a tortura o tratos crueles.
