La política en América Latina vivió importantes cambios en este 2023. Las oposiciones, ya sea de derecha libertaria o de corte socialdemócrata, se apoderaron del poder en varios de los países de la región, mientras que algunos presidentes afianzaron su poder con mira a un nuevo mandato.
Estos son los personajes, de norte a sur, que marcaron la política de la región y a los que hay que seguirles la pista durante 2024.
El sociólogo y diputado del Movimiento Semilla, un partido socialdemócrata, fue la gran sorpresa de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, celebrada en junio de este año. Nadie esperaba que este político, que no forma parte del grupo afín al actual presidente, Alejandro Giammattei lograra colarse al balotaje.
Unas semanas después, el 20 de agosto de 2023, derrotó a la exprimera dama Sandra Torres en la segunda vuelta electoral. Su triunfo se debió, en gran parte, al hartazgo de los guatemaltecos por la corrupción arraigada en este país centroamericano.
Sin embargo el camino de Arévalo para ocupar la presidencia el próximo 14 de enero ha estado plagado de obstáculos. El Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, solicitó el retiro de su inmunidad, buscó cancelar su partido Semilla, acusó de anomalías al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y consideró "nulos" los comicios.
La OEA, los gobiernos de México, Brasil, Estados Unidos y otros países, así como la Unión Europea, se manifestaron en contra de lo que Arévalo calificó como un intento de “golpe de Estado”.
Los intentos de la fiscalía provocaron grandes protestas, en las que se exigía respetar el resultado de las elecciones y permitir la toma de posesión de Arévalo.
La crisis política en Guatemala terminó recién el 14 de diciembre, un mes antes de la toma de posesión, cuando la Corte de Constitucionalidad de este país ordenó “garantizar” la juramentación de Arévalo, al recoger un recursos de ampara contra las maniobras de la fiscalía.
La resolución, dictada a un mes del cambio de mando, también protege la toma de posesión de la vicepresidenta Karin Herrera, de los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano electos en los comicios de este año.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, oficializó este año su búsqueda de un segundo mandato. El 30 de noviembre, el congreso, controlado por su partido, le otorgó una licencia para separarse del cargo y dedicarse a la campaña electoral de 2024.
Bukele recibió el aval del árbitro electoral para buscar la reelección en las elecciones del 4 de febrero a inicios de noviembre, una decisión cuestionada por sus adversarios y opositores.
Claudia Juana Rodríguez de Guevara, una funcionaria desconocida para los salvadoreños, asumió la presidencia interina el 1 de diciembre.
Bukele "no podrá ejercer la función de toma de decisiones como la conducción política y administrativa del aparato estatal, monopolio del uso de la fuerza estatal”.
Tampoco podrá tener participación en los procesos de "formación de ley", lo cual le competerá a su reemplazante. Sin embargo, los analistas creen que Bukele dirigirá los hilos del poder desde las sombras.
En septiembre de 2021, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante una interpretación de la Constitución, habilitó a Bukele para buscar un nuevo mandato sucesivo, lo que generó polémica, pues la carta magna no permitía la reelección.
Con habilidad para comunicar ideas y asiduo a las redes sociales, el mandatario de 42 años ha roto esquemas de la política tradicional desde que ganó los comicios de 2019, acabando con el bipartidismo que imperaba desde el fin de la guerra civil (1980-1992).
Su popularidad creció desde marzo de 2022 cuando declaró la guerra contra las pandillas que mantenían control territorial y se financiaban con extorsiones y sicariato, tras lo cual el país comenzó a recuperar la tranquilidad.
Amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial y criticado por organismos de derechos humanos, el gobierno ha encarcelado a más de 73.000 presuntos pandilleros, aunque unos 7,000 inocentes fueron liberados, según las autoridades.
No obstante organismos de defensa a los derechos humanos, como Amnistía Internacional, han dicho que el país ha “experimentado una alarmante regresión” en esta materia. La organización considera que existe un aumento de acciones que atentan contra la libertad de expresión, asociación, obstáculos al ejercicio del derecho de reunión pacífica.
Venezuela ha tenido un año muy activo. La oposición organizó unas elecciones primarias el 21 de octubre con una participación mucho más grande a la esperada, con 2.4 millones de votantes.
La ganadora indiscutible, con un 92.3% de las preferencia fue la política liberal María Corina Machado, quien enfrenta ahora una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años, un recurso que ya recurrió ante la justicia, aunque insiste en que se trata de un asunto político y no judicial.
Días antes, el gobierno de Nicolás Maduro y representantes del gobierno firmaron un acuerdo en Barbados que incluye la celebración de unas elecciones presidenciales libre y con observadores internacionales en el segundo semestre de 2024. A cambio el gobierno de Estados Unidos levantará algunas sanciones impuestas a Venezuela en los sectores del petróleo y gas.
Maduro dio un golpe de efecto unas semanas mas tarde, al anunciar un referendo en el que los ciudadanos debían decidir si apoyaban otorgar la nacionalidad venezolana a los 125,000 habitantes del Esequibo, una región de 160,000 metros cuadrados y rica en recursos naturales que está en disputa con Guyana.
Esto reavivó el conflicto territorial, actualmente en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Aunque Maduro y el presidente de Guayana, Irfaan Ali, se comprometieron a no escalar el conflicto militar en una reunión en San Vicente y las Granadinas, el gobierno venezolano ordenó el 28 de diciembre el despliegue de 5,600 efectivos en ejercicios militares después de que Reino Unido anunciara el envío de un buque de guerra a Guyana.
Ecuador era uno de los países más tranquilos de América Latina, pero en los últimos años ha sido golpeado con fuerza por la violencia del narcotráfico. Hasta noviembre, se habían cometido 3,600 asesinatos, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.
Parte de esta inseguridad es atribuida al presidente Guillermo Lasso, quien, acosado por el Congreso, que buscaba llevarlo a un juicio político por corrupción, declaró en mayo la muerte cruzada, es decir su destitución al cargo, la disolución del Congreso y el llamado a nuevas elecciones.
Las elecciones estuvieron marcadas por la violencia. Unos días antes de la primera vuelta, uno de los ochos candidatos que buscaban sustituir a Lasso, Fernando Villavicencio, fue asesinado a la salida de un mitin en Quito, la capital de Ecuador.
El ganador de las elecciones fue el empresario Daniel Noboa, quien hizo campaña con un chaleco antibalas. El heredero de un imperio bananero con escasa experiencia política tomo posesión de la presidencia de Ecuador el 23 de noviembre. Con 35 años, ese convierte en la persona más joven en gobernar este país sudamericano. Su mandato durará apenas 18 meses.
El 2023 inició con el regreso del veterano izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El 1 de enero tomó posesión de la presidencia de Brasil para un tercer mandato, después de gobernar a la mayor economía de América Latina entre 2003 y 2010.
El líder del Partido de los Trabajadores llegó al poder con la promesa de poner a Brasil de vuelta en la escena internacional y de unir a los más 200 millones de habitantes del país después del polarizante gobierno de su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Desde su primera semana en el puesto, Lula trató de borrar las huellas de Bolsonaro: revocó normas que facilitaban el acceso a las armas durante la administración de Jair Bolsonaro, frenó procesos de privatizaciones y restableció medidas de combate a la deforestación en la Amazonía.
Pero solo una semana después de su toma de posesión, el 8 de enero, miles de simpatizantes invadieron la sede del palacio presidencial, el Congreso y la Corte suprema, arrasando con mobiliario y obras de arte y clamando en vano por una intervención militar que depusiera a Lula, en escenas que recordaron a la toma del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
Bolsonaro no estaba en ese momento en el país. Desde dos día antes de dejar el poder, voló a Estados Unidos, donde permaneció hasta el 29 de marzo. El exmandatario, quien ha puesto en duda sin pruebas la transparencia del proceso electoral, recibió a finales de junio una condena administrativa por abuso de poder político con una pena de ocho años de inhabilitación, lo que lo deja fuera de las próximas presidenciales de 2026.
La gran sorpresa para América Latina de este año vino de Argentina. El economista ultraliberal derrotó con facilidad al candidato oficialista, Sergio Massa, el las elecciones celebradas el 19 de noviembre.
El 10 de diciembre, Milei juró como presidente de Argentina, con la promesa de que su gobierno será una “nueva era” de “paz y prosperidad” para el país sudamericano, sometido a una inflación de 160% interanual hasta noviembre y una tasa de pobreza superior al 40%. Pero admitió que la situación empeorará en los primeros meses de su presidencia.
Inició su mandato con el anunció de una devaluación del 50% del peso. Unos días después, presentó un decreto con el que se propone dar un gigantesco remezón a la economía argentina. Este incluye a derogación o reforma de más de 300 leyes mediante un decreto que entrará en vigor el viernes y que incluye el régimen laboral.
Durante la campaña, abogó por la dolarización de la economía, la supresión del Banco Central y planteó ideas muy controvertidas como desregular la venta de armas o una "solución de mercado" para la donación de órganos.
Su joven partido, La Libertad Avanza, es la tercera fuerza en la Cámara Baja del Congreso argentino, con 38 diputados de 257, por lo que Milei deberá alcanzar alianzas para hacer avanzar sus proyectos.
Con información de AFP y Reuters
