Venezuela suspendió las actividades de la representación en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada en 2019, a la que acusó de "bufete particular" de "golpistas y terroristas”.
El canciller Yvan Gil anunció ante la prensa esta decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que incluye la expulsión del personal de esta Oficina Técnica de Asesoría, que deberá dejar el país en las próximas 72 horas.
"Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país", dijo Gil.
La suspensión es "hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas", dijo en un comunicado el gobierno. Caracas agregó que realizará una "revisión integral" de los términos de la cooperación técnica, lo que demorará los próximos 30 días.
El régimen chavista no mencionó un hecho en concreto que provocara la suspensión de la oficina, que cuenta con 13 funcionarios, pero el anuncio sigue a la "profunda preocupación" que expresó el Alto Comisionado por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica de Maduro y acusada de “terrorismo”.
En el pasado la Oficina ya ha pedido la liberación de detenidos en Venezuela.
El gobierno venezolano señaló que desde el inicio de sus operaciones, "la Oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio”.
La televisión estatal había cuestionado el miércoles en la tarde unas declaraciones del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, quien culminó en la víspera una visita al país.
Fakhri criticó un programa oficial de entrega de alimentos mensuales a familias de pocos recursos llamado CLAP.
"Tenía buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal del Gobierno. Sin embargo, se ha vuelto susceptible a clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela ni cumple las normas sobre el derecho a la alimentación", dijo el funcionario en una nota de prensa de su oficina.
La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet ocupaba esa posición.
Su labor principal consiste en "brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas" en los informes que el alto comisionado presenta al Consejo de los Derechos Humanos. Desde 2019, suman al menos seis reportes sobre la situación en Venezuela.
Gil señaló que el gobierno realizará "una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina, en los próximos 30 días" y ordenó "que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas”.
Antes de dejar el cargo, en agosto de 2022, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba "mucho por hacer".
Su sucesor, Volker Türk, visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina seguiría operando por dos años más. Durante su estancia animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e insistió en tomar medidas para poner fin a las torturas.
El comisionado se reunió además con diversos sectores de la sociedad civil, así como con autoridades del gobierno, y atendió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Dijo no obstante que hubo restricciones para acceder a algunos centros de detención en el país.
Gil aclaró que Venezuela va "a seguir teniendo cooperación con la oficina del alto comisionado en Ginebra”.
En Venezuela funcionan otras agencias de la ONU como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre otras.
Organizaciones venezolanas venezolanas de derechos humanos, como Provea, condenaron esta decisión del gobierno, que "aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales”.
Con información de AFP y Reuters
