El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil determinó este miércoles que el expresidente Jair Bolsonaro deberá enfrentar un juicio por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
La decisión, tomada por mayoría de los magistrados, marca un hito en la historia política del país y puede acarrearle una pena de hasta 40 años de prisión.
La Fiscalía General de Brasil acusa a Bolsonaro, de 70 años, de encabezar una organización criminal con el objetivo de impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó las elecciones en octubre de 2022.
De acuerdo con la denuncia, el plan incluía la emisión de un decreto para instaurar un "estado de defensa" e incluso el asesinato del presidente Lula y del juez Alexandre de Moraes, magistrado clave en diversas investigaciones contra el exmandatario.
El fallo del STF representa un duro golpe para las aspiraciones políticas de Bolsonaro, quien ya se encuentra inhabilitado hasta 2030 por difundir información falsa sobre el sistema electoral brasileño. A pesar de esto, el exmandatario insiste en que buscará regresar a la política.
"Por el momento, soy candidato", declaró recientemente, comparándose con Donald Trump y sugirió que el expresidente estadounidense podría influir en su favor.
Mientras tanto, el presidente Lula, de 79 años, mantiene la incertidumbre sobre si buscará la reelección, en un contexto de caída en su popularidad y crecientes desafíos económicos y políticos.
Brasil aún carga con la memoria de su última dictadura militar (1964-1985), un periodo que Bolsonaro ha elogiado en varias ocasiones. Su enjuiciamiento es un hecho sin precedentes para un expresidente y representa un punto de inflexión en el debate sobre la democracia en el país.
Durante la sesión del STF, los fiscales presentaron documentos que vinculan a Bolsonaro con la planificación del golpe, señalando que su ejecución no se concretó por la falta de apoyo de los altos mandos del Ejército. No obstante, la investigación también lo liga directamente a los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores asaltaron las sedes del Congreso, el Palacio de Planalto y el STF en Brasilia.
El fiscal general, Paulo Gonet, aseguró que el objetivo de Bolsonaro era mantenerse en el poder sin importar los resultados electorales. "El plan era generar acciones que garantizaran su continuidad en el poder, independientemente de los resultados de las elecciones", afirmó.
El exmandatario no compareció este miércoles en la sala del STF, a diferencia de la primera jornada del juicio. Sin embargo, difundió un comunicado en el que calificó el proceso en su contra como una caza de brujas.
"Se trata de la mayor persecución político-judicial de la historia de Brasil, motivada por (...) claros intereses políticos de impedir que participe y gane las elecciones presidenciales de 2026", indicó en el documento.
Su abogado, Celso Sanchez Vilardi, también desestimó las acusaciones, pues dijo que no existen pruebas en su contra: "Contra el expresidente no se halló absolutamente nada."
La defensa de Bolsonaro intentó, sin éxito, apartar del caso a tres jueces, entre ellos Alexandre de Moraes, quien además de ser mencionado como blanco en el supuesto complot de asesinato, ha sido una de las principales figuras en la lucha contra la desinformación y los intentos de desestabilización política en Brasil.
El tribunal que decidirá su futuro está compuesto por cinco jueces, entre los que figuran Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, y Cristiano Zanin, exabogado del actual presidente, lo que ha llevado a los aliados de Bolsonaro a cuestionar la imparcialidad del proceso.
