El Estado Palestino recibe un reconocimiento cada vez más amplio, incluso por países que hace apenas unos meses rechazaban esta opción. En los últimos días, Reino Unido, Canadá, Francia, Australia y Portugal dieron su reconocimiento.
Aproximadamente tres cuartas partes de los países miembros de la ONU ya reconocen al Estado palestino, que incluyen ahora a tres miembros del G7 y a cuatro integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU —Rusia, China, Francia y Reino Unido—.
"Esta conferencia marca un hito, pero no es el final del camino. Es solo el principio", dijo en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, uno de los líderes europeos que más apoyan la causa palestina. “El Estado de Palestina debe ser miembro", agregó en referencia a que los palestinos tienen actualmente estatus de observadores ante la ONU.
Para muchos observadores, el gesto de los países europeos es en gran medida simbólico político, e incluso, puede responder más a presiones internas que a un verdadero interés diplomático. Sin embargo, otros especialistas subrayan su importancia.
"Sé que para muchas personas esto parece solo simbólico, pero en realidad, en términos de simbolismo, es algo que cambia las reglas del juego", escribió a mediados de agosto en el diario The New York Times el abogado y profesor de Derecho franco-británico Philippe Sands.
"Porque una vez que reconocen la condición de Estado palestino, (...) esencialmente ponen a Palestina e Israel en igualdad en cuanto a su trato bajo el derecho internacional", argumentó.
Sin embargo, este reconocimiento cada vez más amplio de ese Estado autoproclamado en el exilio por los dirigentes palestinos en 1988 trae consigo varias interrogantes, entre ellas, ¿quién gobernará este país si algún día logra su independencia?
Es "una de las cuestiones más complicadas" del derecho internacional, "a medio camino entre lo político y lo jurídico", explicó a la AFP Romain Le Boeuf, académico de la Universidad de Aix-Marsella.
Pero hay un punto en el que "el derecho internacional es bastante claro: el reconocimiento no crea el Estado, del mismo modo que la ausencia de reconocimiento no impide que el Estado exista", indicó Le Boeuf, ya que los elementos necesarios son un territorio, una población y un gobierno independiente.
En la Convención de Montevideo de 1933 se enumeran cuatro criterios para la condición de Estado. Palestina puede reivindicar dos de ellos: una población permanente –aunque los desplazamientos de la población de Gaza ponen en riesgo esta condición— y la capacidad de entablar relaciones internacionales.
"No existe una oficina de registro de reconocimientos. La Autoridad Palestina incluirá en su propia lista todas las acciones que considere actos de reconocimiento, pero de forma puramente subjetiva", aseguró.
Del mismo modo, continuó, otros Estados "dirán que lo han reconocido o no, pero sin tener que justificarse realmente (...). Estamos ante una subjetividad casi total", dijo.
Sin embargo Palestina aún no cumple con el requisito de un "territorio definido", pues las fronteras con Israel no han sido acordadas y no lo serán a menos que exista un tratado de paz.
Otra condición que Palestina está por cumplir es contar con un gobierno funcional.
Aunque con las anexiones de Israel desde 1947 es complicado definir los límites del país, para los palestinos el Estado que buscan construir se constituye por tres partes, Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén del Este, que sería su capital, un punto de enorme disputa con Israel, que también reclama esta ciudad como la sede de su gobierno.
Todos estos territorios fueron conquistados por Israel durante la Guerra de los Seis Días de 1967.
Cisjordania y la Franja de Gaza han estado separadas geográficamente por Israel durante tres cuartos de siglo, desde la independencia de Israel en 1948.
Actualmente, la Autoridad Palestina solo tiene control del 40% del territorio de Cisjordania, debido a la presencia del ejército israelí y de colonos.
Desde 1967, la expansión de los asentamientos quita cada vez más territorio a Cisjordania, lo que deja este territorio más fragmentado como entidad política y económica.
El este de Jerusalén ha sido rodeada por asentamientos judíos, aislando gradualmente la ciudad de Cisjordania.
Israel, que tiene actualmente su gobierno más derechista, puso en marcha a principios de este mes un plan de colonización con el que pretende dividir por la mitad a Cisjordania y, de ese modo, acabar con las aspiraciones palestinas de formar un Estado.
"Cumpliremos nuestra promesa: no habrá Estado Palestino, este lugar nos pertenece", dijo el primer ministro, Benjamin Netanayhu durante la firma del proyecto.
El caso de Gaza es más dramático incluso. Tras dos años de incesantes bombardeos israelíes, gran parte del territorio ha quedado destruido e inhabitable. Hospitales, escuelas, carreteras… Casi toda la infraestructura de este territorio costero ha sido arrasada.
Oficialmente, la Organización por la Liberación Palestina (OPL) representa a los palestinos en el mundo en foros internacionales. En 1994, este organismo e Israel llegaron a un acuerdo que llevó a la creación de la Autoridad Palestina (AP), que ejercía un control civil sobre los palestinos en Gaza y Cisjordania.
En la práctica, la OLP fue eclipsada por la AP, encabezada por la facción Fatah. Actualmente es considerada por la mayoría de los gobiernos occidentales como el único interlocutor válido de la causa palestina.
Sin embargo, ambos organismos se encuentran en serias dificultades. Como se mencionó, solo controlan una pequeña parte del territorio de Cisjordania, mientras que Israel ejerce un control significativo en la mayoría de los territorios palestinos ocupados.
Además, después de una sangrienta guerra en 2007, Fatah y la AP fueron expulsados de la Franja de Gaza por Hamás, un partido islamista que ganó las elecciones en este territorio un año antes. Desde entonces, los islamistas gobiernan de facto este enclave.
Aunque la Franja de Gaza equivale solo un 17% del territorio de Cisjordania, es el territorio palestino más densamente poblado y con mayor urbanización, o lo era antes de los ataques israelíes.
Hamás, que atacó con una violencia sin precedentes a Israel el 7 de octubre de 2023, es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y otros países.
Aunque es reconocida como un negociador legítimo por gran parte de Occidente, la AP tiene también problemas internos.
La AP se ha convertido en sinónimo de "corrupción, nepotismo e ineficiencia", escribe Ghaith al-Omari, exfuncionario de AP y actual miembro principal del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente, en un artículo para Foreign Affairs.
Muchos expertos dicen que la gobernanza comenzó a erosionarse seriamente después de que Mahmud Abbas se convirtiera en presidente de la OLP en 2004.
Ahora 21 años después de lo que debería haber sido un mandato presidencial de cuatro años, Abbas ha concentrado el poder disolviendo el parlamento, atrincherando su control sobre el poder judicial, introduciendo leyes solo por decreto y purgando a los rivales políticos.
Las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias se celebraron en 2006, lo que significa que ningún palestino menor de 36 años ha votado nunca en Cisjordania o Gaza.
En 2021, bloqueó las elecciones presidenciales y legislativas que habrían sido las primeras de los palestinos desde 2006. Abbas culpó de la medida a las restricciones israelíes a la votación en Jerusalén Este, aunque los expertos dicen que probablemente temía que él y su partido perdieran ante Hamás.
Organizaciones como Freedom House y Amnistía Internacional advierten sobre el historial de la AP sobre derechos humanos y libertades.
