El ICE cambió sus lineamientos para realizar detenciones en lugares donde antes era impensable, como escuelas, iglesias, e incluso en juzgados migratorios, donde miles de personas acuden por sus procesos de regularización migratoria.
Por ejemplo, el gobierno de Trump ha desplegado a miembros de la Guardia Nacional y a Marines en varias de las principales ciudades de Estados Unidos —Los Ángeles, Chicago, Washington DC, Portland y Minneapolis— para proteger a los miembros del ICE mientras realizan sus redadas contra inmigrantes.
También ha cambiado las prioridades de los agentes del FBI para que se centren en la aplicación de la ley de inmigración.
La actual administración, además, ha impulsado el uso de bases de datos gubernamentales sensibles que alguna vez fueron fuera de los límites para rastrear a los no ciudadanos, como las de la Seguridad Social o el Servicio Interno de Impuestos (IRS).
Como resultado, el número de inmigrantes detenidos por ICE aumentó de un promedio diario de 39,000 cuando Trump regresó al cargo a casi 70,000 hasta el 7 de enero de 2026, de acuerdo con un análisis del MPI.
Otro de los enfoques de la administración Trump ha sido la eliminación de la mayoría de las protecciones migratorias concedidas durante la administración Biden.
El MPI calcula que 1.5 millones de personas han perdido sus protecciones hasta ahora, pues la Casa Blanca ha ordenado eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas de 13 países.
