La ley de Chávez en 2006 establecía un amplio control estatal sobre la industria petrolera donde los privados tenían acceso al negocio petrolero a través de un modelo de empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado.
El nuevo texto autoriza la emisión de contratos a empresas privadas para explotar, distribuir y comercializar la producción sin participación del Estado, e incluso autorizan la transferencia de sus activos a privados.
El oficialismo en la Asamblea Nacional defiende por ejemplo el interés de que privados operen en lo que han llamado "campos verdes", yacimientos vírgenes no explorados.
"Privatización"
El instrumento sustituye los impuestos aplicados al sector por una única contribución de hasta 15% sobre los ingresos brutos de la actividad.
Establece igualmente regalías máximas de 30% sobre ingresos, aunque el Ejecutivo determinará los márgenes específicos en cada contrato según las condiciones del proyecto.
La nueva ley se inspira además en la Ley Antibloqueo, un instrumentó que facilito sortear sanciones con negocios acordados bajo un velo de hermetismo y que permitían ya que un privado operara un campo.
"Esto obviamente desmantela completamente el modelo petrolero de Hugo Chávez", explicó al analista petrolero Francisco Monaldi, que no obstante advirtió que las condiciones operativas siguen siendo discrecionales y potestad del Ejecutivo.
La mermada oposición en la Asamblea Nacional exigió introducir obligaciones de transparencia.
El exzar petrolero, Rafael Ramírez, denunció un "retroceso enorme" y una "privatización" de la industria, nacionalizada en 1976.
Muchos trabajadores han expresado optimismo sobre esta apertura petrolera, en medio de salarios precarios que equivalen a centavos de dólar.
"Esta reforma de hidrocarburos nos ayuda a dignificarnos, a nosotros, el motor de la producción de petróleo de Venezuela", dijo Karina Rodríguez, trabajadora de la estatal PDVSA al marchar en Caracas.