La reconstrucción pone a prueba a una Venezuela endeudada y sin margen financiero

De acuerdo con especialistas, el doble sismo golpeó a Venezuela en un momento complicado para su economía, pues su producción petrolera, de la que es sumamente dependiente, apenas comenzaba a recuperarse tras años de crisis.

El costo de la destrucción

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon Venezuela hace dos semanas provocaron miles de muertes, pero también afectaron gravemente los medios de vida, la infraestructura y los servicios esenciales, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De acuerdo con el análisis preliminar de esta oficina de la ONU, los daños físicos directos se estimaron en 6,700 millones de dólares —con un rango de entre 4,700 y 8,700 millones de dólares— equivalentes a alrededor del 6% del PIB. Este dato está basado en un análisis que combina modelos sísmicos.

“La mayor parte de los daños se concentra en Distrito Capital, seguido por Miranda, Carabobo, La Guaira y Aragua, reflejando la combinación de una elevada concentración de activos y la intensidad del movimiento del suelo”, indica el PNUD.

Esta cifra no incluye los daños a la infraestructura, la mayor disrupción económica ni los costos de reconstrucción a largo plazo. El impacto económico total suele ser entre 1.5 y 3 veces el valor de los daños directos, indica el organismo.

El PNUD estima que 1.7 millones de estructuras se encontraban en las zonas afectadas, incluyendo un número significativo en los estados más afectados: La Guaira, Caracas, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua.

El gobierno venezolano calcula que casi 200 edificios colapsaron completamente, pero estimaciones de la NASA indican que 58,000 edificaciones pueden haber sido afectadas.

El gobierno venezolano reportó que más de 17,000 personas se quedaron sin vivienda.

La administración venezolana cuenta con casi 13,000 damnificados por los terremotos, cifra muy lejana del estimado de la ONU de hasta siete millones de personas afectadas. Ese organismo ya cifraba en casi 8 millones la cantidad de personas necesitadas de ayuda humanitaria.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU solicitó a la comunidad internacional 50 millones de dólares para asistir a unas 500,000 personas durante tres meses.

El peor momento

Venezuela atravesaba un momento complicado cuando los terremotos golpearon. La producción petrolera, que se recuperaba gracias a las inversiones estadounidenses, aún se mantenía en niveles de 700,000 barriles al día, muy lejos de sus mejores momentos, cuando la producción rozaba los cuatro millones.

De acuerdo con Andrés Giraldo, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, entre un 70% y 80% del PIB venezolano está atado a la producción petrolera. Esta dependencia en la industria petrolera trajo consigo un estado con menos recursos para la inversión en infraestructura física.

Giraldo explica que esto, sumado a una actividad privada paralizada de facto y a la cooptación de los poderes judicial y legislativo por parte del ejecutivo, condujo a un estado sin capacidad para responder a una catástrofe como la sufrida el 24 de junio.

Por su parte, Juan Ortiz, economista sénior del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales de Chile señala que la economía venezolana es solo de un cuarto del tamaño que tenía en 2024, por lo que se trata de una economía debilitada y desestructurada.

“La economía venezolana es un aparato productivo realmente muy limitado frente a su infraestructura pública, con problemas evidentes en cuanto a servicios básicos”, indicó en declaraciones para Expansión.

Por ejemplo, desde antes del sismo, ya había problemas en el suministro de electricidad y de agua.

El proceso de financiar la reconstrucción

Con este contexto, Venezuela contaba con poco margen para poder hacer frente a una catástrofe de la magnitud de los dos sismos.

“La capacidad fiscal es muy limitada en cuanto a tener recursos suficientes para hacer frente a esta emergencia. Venezuela prácticamente no tiene fondos de emergencia o reservas internacionales de una importante envergadura que le permita generar recursos para refinanciar o financiar un proceso de reconstrucción de infraestructura crítica”, dijo Ortiz.

Venezuela anunció en mayo el inicio de un plan de reestructuración de su enorme deuda pública externa, un paso vital en su reconexión con el sistema financiero internacional tras años de impagos bajo el gobierno del depuesto Nicolás Maduro.

En 2017 el país empezó a incumplir los pagos de bonos emitidos por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Las sanciones estadounidenses limitaron desde 2018 aún más la capacidad de pago del gobierno venezolano.

Venezuela no difunde estadísticas oficiales sobre sus pasivos, aunque según estimaciones previas de la agencia Reuters, la deuda rondaría los 160,000 millones de dólares, incluyendo préstamos bilaterales, laudos arbitrales y obligaciones de la petrolera estatal.

De acuerdo con Ortiz, Venezuela tiene capacidad para ir a buscar línea de crédito con organizaciones internacionales multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, instituciones con las que ha retomado su relación tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Sin embargo, para lograr obtener este financiamiento, el gobierno venezolano deberá someterse a reformas importantes, no solo de su modelo económico, sino en su estructura política, dice Giraldo de la Javeriana.

“Venezuela queda con poco poder de negociación y muy posiblemente le toque acelerar el proceso de reformas para volver a implementar la democracia y así generar confianza internacional para recibir la ayuda, para administrarla y poder reconstruir Venezuela luego de los sismos”, concluye el economista.