Prioridades del gobierno federal se quedan sin dinero para 2017

El recorte planteado por el Gobierno de la República para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 dejó inconformes a algunos sectores, pero entre las víctimas de la austeridad están algunos de los programas marcados, en algún momento, como prioritarios por el propio mandatario Enrique Peña Nieto.

El proyecto enviado por el Ejecutivo federal —actualmente bajo análisis en la Cámara de Diputados— elimina los recursos para la prevención social de la delincuencia y para el programa de tabletas y computadoras a estudiantes de nivel básico, ambos anunciados como emblemáticos de este sexenio y que habían sido cuestionados tras evaluaciones realizadas por organismos civiles e internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, la propuesta presentada el pasado 8 de septiembre reduce más de 98% el presupuesto del Seguro de Vida para Jefas de Familia .

El presupuesto planteado por la administración federal —que prevé medidas de austeridad "para preservar la estabilidad macroeconómica del país", incluido un recorte de casi 240,000 millones de pesos— también omite financiamiento para el recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción , que apenas en junio prometió “impulsar con toda determinación”.

Hace unos días, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reclamó que la propuesta no incluyera recursos “etiquetados” para las ampliaciones de las líneas del Metro, que el propio mandatario federal anunció como proyectos prioritarios, junto con el Nuevo Aeropuerto capitalino, en su Informe de Gobierno de 2014. Tampoco para el Fondo de Capitalidad, que el mandatario local negoció personalmente con la administración federal.

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La prevención social de la violencia, ‘víctima’ del recorte

La primera acción que Enrique Peña Nieto anunció como presidente fue promover un Programa Nacional de Prevención del Delito, con acciones de política social tendientes a reducir la violencia, y que derivaría en la creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

De 2013 a 2015 contó con un presupuesto total de casi 10,000 millones de pesos —cerca de 2,500 mdp anuales—, pero en 2016 se redujo a poco más de 2,000 mdp y para este 2017 simplemente desapareció del gasto proyectado.

Aunque el proyecto de presupuesto para 2017 incluye el anexo "Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos", con una bolsa global de más de 138,000 mdp, éste excluye al Pronapred y, en cambio, aporta recursos para conceptos distintos a la prevención de la delincuencia a través de estrategias de corte social como son los “Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones”.

Esta estrategia —radicada en la Secretaría de Gobernación (Segob), que en este sexenio concentra las acciones en materia de seguridad — ya había sufrido un revés cuando, para el presupuesto de 2016, se quitó la obligatoriedad de destinar a prevención social de la violencia y la delincuencia cuando menos el 20% de los recursos entregados por concepto de subsidios para funciones de seguridad a estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal. Dicho ‘candado’ había perdurado desde 2011 con el gobierno de Felipe Calderón.

La idea del nuevo gobierno era diferenciarse de la estrategia de seguridad privilegiada durante el anterior sexenio , orientada a las acciones de corte policiaco, militar y reactivo, para consolidar una política más enfocada a combatir las causas sociales de la delincuencia por encima de las consecuencias violentas de la criminalidad. Los resultados de esta estrategia fueron cuestionados por la organización México Evalúa, que realizó diagnósticos anuales sobre la implementación de la estrategia en 2013 y 2014.

La inclusión digital, excluida

El programa de reparto de tabletas electrónicas y de computadoras para estudiantes de primaria, al cual la Secretaría de Educación Pública (SEP) destinó más de 7,600 mdp entre 2013 y este año, también fue dejado para mejor ocasión de acuerdo con lo solicitado en el PPEF.

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El Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) contó con recursos de entre 1,600 y 2,500 mdp anuales para la adquisición de tablets durante los ejercicios 2014 y 2016. En 2013, fue etiquetado como “Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria” y obtuvo 1,000 mdp; para el próximo año, el anexo presupuestal en el que se radicaba el PIAD no prevé dicho programa.

El secretario de Educación, Aurelio Nuño, ha dicho que la estrategia digital será replanteada para 2017 a través de 1,500 mdp que se tienen “reservados”, y adelantó que sería un plan “mucho más integral” que no únicamente constará de dispositivos electrónicos sino también de capacitación para maestros e integración con los nuevos programas de estudios .

“Vamos primero a presentar un análisis respecto a cómo estaba funcionando el programa de las tablets y los diversos cambios que va a tener; es un programa que va a contar con suficiencia presupuestal. Nosotros dentro de la secretaría tenemos ya apartado parte de ese recurso tanto para terminar el año ya bajo este nuevo programa, bajo este nuevo concepto, como lo que se tendrá para el siguiente año”, dijo el pasado 19 de septiembre.

Garantizar que “todos los niños de quinto y sexto de primaria” tuvieran una computadora con acceso a internet fue una de las promesas de la campaña presidencial de Peña Nieto; la planteó el Día del Niño (30 de abril) de 2012; entonces, habló de una inversión en términos "muy preliminares" de 50,000 millones de pesos.

El PIAD también fue objeto de señalamientos, de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en un estudio sobre el gasto público de 2013 determinó que la SEP no demostró el beneficio de las computadoras, y subrayó la carencia de evaluaciones y un plan integral. Otro análisis, de la OCDE, también puso en tela de juicio la utilidad de este tipo de medidas para cerrar la brecha digital.

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El seguro con futuro inseguro

El Seguro de Vida para Jefas de Familia, otra de las promesas de campaña de Peña Nieto , fue presupuestado para 2017 con sólo 13 mdp, 1.24% del dinero que se asignó al programa para este año y que apenas alcanzaría para para cubrir tres meses de gastos de salarios, viáticos y papelería.

El director del programa, Carlos Acra Alva, explicó a Expansión que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) lograría salvarlo gracias a que formó un fideicomiso para garantizar el apoyo al menos en lo que resta del sexenio a las más de 6 millones de madres prerregistradas. Esta cifra de beneficiarias representa 94% de la meta planteada para este año.

“Tenemos cerca de 3,000 millones de pesos, y esos recursos son más que suficientes para seguir atendiendo los compromisos actuales y futuros de aquí al 2018, incluso alcanza para más”, comentó.

Este seguro también formó parte de las 13 primeras acciones anunciadas por Peña Nieto al asumir el cargo de presidente.

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