La principal razón por la que el crecimiento económico en 2019 fue tan bajo fue el desplome en la inversión privada provocada por las malas señales enviadas por el presidente con la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el haber suspendido en la práctica la reforma energética y la apertura de la inversión privada al sector.
A esto hay que añadirle las muy preocupantes iniciativas legislativas como la Ley de Extinción de Dominio que, con el pretexto de luchar contra el crimen organizado, aumentan significativamente la discrecionalidad de las autoridades para disponer de los recursos de las personas.
El resultado se puede observar en la dramática caída en el índice de inversión bruta fija calculado por el INEGI, regresando a los niveles en los que se encontraba en 2013. Es decir, en este indicador, se ha perdido lo que se había avanzado en los últimos cinco años.
Más allá de los gestos como el Plan Nacional de Infraestructura y los compromisos públicos de la élite empresarial que en muy poco prometen inversiones nuevas más allá de lo ya iniciado y que muchas veces no acaban concretando en la realidad, el equipo de gobierno no entiende la importancia de generar certidumbre para la inversión de los miles de empresarios que no tienen la fortuna de poder sentarse con el presidente para destrabar los numerosos obstáculos que enfrentan derivados de la falta de seguridad, el exceso regulatorio, los altos impuestos o la arbitrariedad de las autoridades.
Aún suponiendo que hayamos tocado fondo en este tema y que, de manera milagrosa el gobierno logre generar confianza y certidumbre, lo que se ha dejado de invertir en los últimos meses empezará a verse reflejado en menores oportunidades de empleo y en un continuo deterioro de los salarios, afectando así el consumo, uno de los pocos rubros que han mantenido la actividad económica durante el 2019, gracias también a un récord histórico en las remesas que se reciben desde los Estados Unidos.
