A manera de propuesta lo siguiente; analizar y fomentar una mayor vinculación de las agendas de investigación con los problemas de la sociedad, revisar y solventar allí donde existan, las normativas nacionales que inhiben la participación de académicos y científicos en la transferencia tecnológica, así como creación de soluciones tecnológicas en vinculación con la industria.
Establecer comités asesores en universidades y centros de investigación, cuya tarea sea analizar y proponer criterios y formas de medición de las actividades de transferencia tecnológica, para que las mismas sean reconocidas en los procesos de evaluación que definen la permanencia y promoción en la carrera académica.
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Estimular la caracterización de las demandas de productos y servicios tecnológicos generados por las universidades y centros de investigación, como estrategia de ampliación de las oportunidades para la creación y el desarrollo soluciones acordes con las necesidades de la sociedad, mapear soluciones existentes y emergentes en los ámbitos de la crisis.
La historia nos muestra que, enfrentados a coyunturas dramáticas, países como Alemania, Israel, Japón, Finlandia o Corea del Sur, entendieron que no hay atajos en la búsqueda por atender el crecimiento económico y el bienestar; por décadas estas naciones destinaron, y siguen destinando, significativos recursos públicos para estimular la innovación y fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas. Los resultados e impactos no son inmediatos, pero hoy están a la vista.
En nuestro caso será definitivo el rol que decida tomar el Conacyt respecto del surgimiento de iniciativas y convocatorias especiales de apoyo a la investigación y la innovación para abordar la emergencia sanitaria.
Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es director de Spark UP y académico de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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