El choque de visiones en el gobierno se ha manifestado en varios momentos, pero se ha mantenido debajo de la alfombra debido a los manotazos que el presidente ha dado sobre la mesa. La primera versión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que trazaba un plan transversal, en pro del desarrollo sostenible, fue desechado por AMLO al calificarlo de neoliberal. Ahora se limita la operación de negocios verdes y buena parte de esto se traduce en una obsesión que yace en la conciencia del presidente, de Manuel Bartlett y de varios ingenieros de la vieja guardia: reposicionar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a los jugadores del sector privado.
El acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que impide con plazo indefinido la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable, significa la captura regulatoria del sector eléctrico a favor de la CFE. Sí, las primeras víctimas son las empresas solares y eólicas, pero es un golpe para todo el mercado eléctrico.
Guste o no, el gobierno tiene toda la facultad de determinar las acciones que considere para estabilizar el servicio eléctrico, pero hace falta la argumentación que originó esta decisión, su vigencia, pero también los beneficios que esto generará para los ciudadanos. De acuerdo con la información disponible, todos perdemos. Todos.
El paro de energías renovables será sustituido por plantas de la CFE que se caracterizan por el uso de combustóleo, que resulta ser bastante contaminante. Así, mientras la pandemia nos está obligando a ser más conscientes con nuestro entorno, el gobierno está dispuesto a generar electricidad a base de un combustible que daña la calidad del aire que respiramos. Si es así, ya ni lo pensemos, México no llegará a la meta de reducir en 22% sus emisiones contaminantes para 2030 e incumpliremos con las contribuciones que comprometimos en el Marco del Acuerdo de París.
Los empresarios sostienen que esta medida afectará inversiones por 6,426 millones de dólares y a 29,000 empleos directos. Ante esto, se vendrá una lluvia de controversias legales y hay empresas que están delineando la estrategia para recurrir a tribunales de arbitraje internacionales. Algunas inversiones ya están enrutadas, pero éstas se dirigirán sobre todo a mantenimiento de infraestructura existente.
Pero también habrá consecuencias para las finanzas públicas. Muchos proyectos afectados cuentan con financiamiento de la banca de desarrollo (Nafin, Banobras y Bancomext), por lo que tendrán problemas en el manejo de su deuda y eso impactará en la hacienda pública. Además, la acción del CENACE levanta muchas suspicacias en torno de lo que puede provocar en el sistema de precios pues la generación de electricidad a base de combustóleo es más cara que a base de energías renovables.
Lee: El gobierno pone el pie a las renovables y abre la vía para más generación sucia
