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Urge medir la riqueza, pero cuidado con los “moditos”

Ocultar el origen de la riqueza en México es muy común y varios son los argumentos, respetables, que lo justifican, apunta Jonathán Torres.
lun 25 mayo 2020 11:52 PM

(Expansión) – El aviso provocó mucho nervio. Un inversionista decidió retirar su oferta superior a los 5 millones de dólares (mdd) en una empresa dedicada a la venta de tiempo aire. Los fundadores del próspero emprendimiento, que había levantado más de 10 mdd en rondas previas, no podían dar crédito hasta que entendieron el porqué.

El socio potencial había preferido salir del negocio ante su resistencia a dar a conocer su patrimonio, requisito que exige la Ley Fintech. Pero su negativa no respondía a que su fortuna patrimonial fuera ilícita, sino a la preocupación de que la autoridad usara inadecuadamente su información.

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Ocultar el origen de la riqueza en México es muy común y varios son los argumentos, respetables, que lo justifican. La inseguridad, el interés por el bajo perfil, el derecho a la privacidad. Pero también hay quienes, bajo esos criterios, se escudan para no rendir cuentas de fortunas basadas en el influyentismo y la corrupción. Nadie podría estar en contra de preservar la integridad de las personas, pero todos -creo- pugnamos por tener toda la información posible para resolver asuntos de interés público.

Este artículo provocará incomodidad, pero los invito a considerar que el análisis de la riqueza en México puede realizarse desde diversos enfoques y eso obliga a no caer en generalizaciones, en absolutos, por lo que estamos frente a una enorme realidad con una enorme diversidad de percepciones. Sin embargo, en lo que debemos coincidir es que la concentración de la riqueza, que a su vez concentra poder, en un mundo tan desigual, es un tema que está en el centro de la discusión de estos tiempos.

No puede estudiarse la riqueza con la cabeza caliente, cuando es vista como objeto del deseo o de condena, sospechando sobre su origen o escondiéndola cuando no hay necesidad de ello, mucho menos atizando la polarización. ¿Qué opinión tiene usted de la riqueza? Hay quienes la consideran un acto ejemplar. Otros la envidian y piensan que fue producto de una complicidad no legal entre lo político y lo privado. Muchos expresan admiración y fascinación por conocer qué hay al interior de esas mansiones o casas frente a la playa. Varios, en cambio, condenan esa exhibición de privilegios...

Bajo todas esas miradas y entornos se presentó la propuesta del presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien -más allá de la pésima narrativa que manejó- puso en el reflector el tema que permanecía debajo de la alfombra, pero que no debemos ocultar: cómo incrementar la capacidad del Estado para construir un estado de bienestar, que permita buscar el origen de la riqueza y que ésta sirva para construir más riqueza, pero sobre todo para distribuirla mejor.

Dejando la estridencia atrás, no es mala idea medir las diferencias y como sociedad debemos tomarnos muy en serio la política pública para medir la riqueza. El problema, siguiendo a un clásico, son los “moditos”, ya que conocer el origen de las fortunas bajo los términos planteados se percibe como un acto punitivo, vengativo, de castigo a los ricos por ser ricos. Y así el planteamiento es malo.

Sin duda, la reacción que provocó la idea de medir las grandes fortunas en México fue iracunda. En el pedir está el dar y el tono no podía recibir una respuesta elegante, pero también es cierto que demostró la intención de no hablar del elefante en el cuarto. También, resulta ingenuo pensar que alguien en Palacio Nacional no tuviera interés en calibrar las reacciones que una idea de esta magnitud podía provocar. ¿Pudo ser Ramírez Cuéllar solo un mensajero?

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Quizá una salida pudiera ser un discurso que legitime y justifique la importancia de transparentar el origen de todas las riquezas, pero no castigarlas, a menos que sean ilícitas. Pero para llegar a eso hay algo roto. Hoy se cuestiona la eticidad del Estado, se le observa como un ente atrapado por criterios ideologizados, de lucha entre pobres y ricos. Es lamentable, dado que una de las lecciones que nos dejará el COVID-19 es pugnar, todos, por un país más solidario. Y todavía es más lamentable pues una coyuntura así resulta bastante conveniente para aquellos que hoy amasan una fortuna injustificable.

¿Porqué tenemos que conocer el patrimonio privado de los más ricos? Mario Luis Fuentes, profesor de la UNAM y director de México Social, ofrece una respuesta que seguro capturará a muchos (y a otros no): “Queremos conocer ese patrimonio porque, si es producto del esfuerzo y de un enorme talento, no tiene ninguna razón de ocultamiento, pero si es debido a ciertos vicios pues hay que construir un margen para que haya una redistribución de un patrimonio no justificado”.

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No debemos caer en el juego de la lucha de clases pues eso nos alejará de la posibilidad de tener más información sobre las brechas que hay entre unos y otros. Una mejor redistribución del ingreso, que alcance a los más pobres, solo ocurrirá con una reforma fiscal integral donde todos seamos un libro abierto en cuanto al origen de nuestros ingresos y patrimonio. Hoy eso no existe y, por tanto, tenemos un subregistro en la desigualdad y por ello debemos mejorar los mecanismos para su medición. “La dificultad para discutir y entender las desigualdades de la riqueza pasa también por la cotidianidad a la que nos enfrentamos”, dice José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del CONEVAL.

Entonces, medir la desigualdad y la riqueza es fundamental. La clave está en sentar las bases para un pacto político, económico y técnico. El pequeño detalle es que las animosidades en impulsores de la llamada cuarta transformación están muy alteradas. Así, hay malas noticias para quienes piensan que el plan de Ramírez Cuellar quedó sepultado. Está en el refrigerador, no en la congeladora. El diputado Pablo Gómez ya anunció que sí habrá una iniciativa para medir las grandes fortunas.

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El presidente, por su parte, considera como un acto inmoral la acumulación de bienes y bajo esa narrativa se entiende el curso que tomó la historia con la que arranca este artículo. La actitud del gobierno genera desconfianza y gravita la sospecha de que pudiera utilizar la información para fines políticos y perseguir a todos aquellos que, bajo sus ojos, no merecen tanta prosperidad. “Debe garantizarse un respeto absoluto a lo que las personas pueden integrar en su patrimonio producto del trabajo cotidiano de manera lícita, así como mantenerse los principios de integridad y ética”, sostiene Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI.

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Dato duro (y crudo) de cierre:

No hay mucha información sobre el reparto de la riqueza en México. Por eso cito un documento publicado años atrás que resulta ser una joya. El autor es Miguel del Castillo, quien era consultor de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL y trabajó un material que lleva por título “La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México”, que pone el dedo en la llaga:

“En 2014, la riqueza del país ascendió a 76.7 billones de pesos. El 37% de ella estaba en manos de los hogares, el gobierno administraba 23%, las empresas privadas 19%, las empresas públicas 9%, el resto del mundo poseía 7% y las instituciones financieras 5%. En promedio cada hogar tendría, si hubiera una distribución equitativa, 900,000 pesos en activos físicos (casas, terrenos, automóviles y diversos bienes del hogar), y financieros (dinero e inversiones financieras), monto que sería más que suficiente para que las personas tuvieran una vida holgada”.

Nota del editor: Jonathán Torres es periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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