Opinión

#ElDatoDeLaSemana: Prometer no empobrece; no planear el gasto, sí

Los adultos mayores merecen una pensión digna, pero la promesa de aumentarla debe ser viable y no una táctica que tiene tintes electorales por el momento político, apunta Sofía Ramírez Aguilar.

Sofía Ramírez Aguilar

sáb 27 marzo 2021 12:03 AM

(Expansión) - “Estos recursos saldrán del presupuesto público sin aumentar la deuda ni los impuestos y sin gasolinazos. Es […] lo obtenido por ahorros de la austeridad republicana juarista”: AMLO, 21 de marzo 2021.

Hace unos días, en el marco de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez , el presidente López Obrador anunció una disminución en la edad para que las y los adultos mayores pudieran recibir la Pensión para el Bienestar –pasando de 68 a 65 años--, beneficio que actualmente consiste en 2,550 pesos al bimestre.

Además, anunció el presidente, esta pensión se incrementaría gradualmente a partir de julio de este año –pasando las elecciones—hasta llegar al doble en 2024, al final de su mandato. Suena como una idea fenomenal: tras una vida de trabajo, nuestros adultos mayores debieran tener una vejez digna.

Pero este anuncio –o cualquier otra promesa de ampliación de programas sociales-- tiene al menos dos problemas que deben solventarse antes de su implementación. El primero, las políticas públicas se financian con dinero público y, por lo tanto, requieren fuentes de financiamiento.

Pueden ser recortes a otros programas, reasignación presupuestal o deuda. La falta de claridad del origen del financiamiento del ajuste, genera dudas. Decía AMLO que se pagaría con los ahorros que ha generado la austeridad republicana pero ése no es un rubro de gasto, y cualquier subejercicio o reasignación de dinero público debe transparentarse.

La burra no era arisca: el presupuesto público que durante 2020 se reasignó a la atención de la pandemia no se ha transparentado, por lo que esas cuentas permanecen en la opacidad.

Además, queda la duda de que los recursos asignados se vayan a usar en beneficio de la gente o si sólo quedarán como promesas hechas con fines electorales, porque dado que los ingresos petroleros van a la baja y que este gobierno ha prometido no endeudarse (más), la viabilidad de esta promesa es endeble sin una reforma fiscal que amplíe la recaudación, pues de algún lado debe cubrirse el costo.

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Y ése es justo el segundo problema: el costo.

Todavía somos un país de adultos jóvenes, pues según el INEGI la mitad de la población tiene 29 años o menos, pero la otra mitad tiene 29 años o más y, por lo tanto, cada vez habrá más adultos mayores que demandarán el pago de su Pensión para el Bienestar, que 2024 debiera ser de 30,000 pesos al año para 10.3 millones de personas.

Además, cada vez vivimos más años. Con la salvedad de que la pandemia por COVID-19 ha truncado más de 200,000 vidas en México (cifras oficiales), en un par de años una buena parte de los adultos estaremos vacunados contra el Sars-Cov-2, con lo que nuestra esperanza de vida será de casi 80 años en el 2030.

Por lo tanto, el impacto presupuestario de ampliar la pensión a más personas, según estimaciones y datos oficiales, pasará de los 135 mil mdp originalmente presupuestados en 2021 --equivalente al 0.54% del PIB pero sin contar el incremento en casi 2 millones de personas adicionales por la disminución de la edad--, a casi 156 mil mdp al cierre del año, hasta 370,000 mdp en 2024.

Entonces, empecemos por este año ¿cómo vamos a financiar el aumento repentino en el costo de un programa social por casi 21,000 mdp en 2021? Una propuesta sería dedicar el presupuesto del Aeropuerto de Santa Lucía o la mitad del recurso etiquetado para la Refinería de Dos Bocas en el año.

Este es un cálculo rápido, un ejemplo que muestra que para el presidente prometer no lo empobrece. Lo que sí empobrece es que el dinero público no se gaste en prevenir de manera estratégica que más personas caigan permanentemente en situación de pobreza. Los adultos mayores merecen una pensión digna, pero la promesa debe ser viable y no una táctica que tiene tintes electorales por el momento político y el grupo de beneficiarios.

México, ¿cómo vamos? hace una propuesta para reasignar 120 mdp que ya tiene el gobierno a cuatro grupos: mujeres que quieren trabajar pero no tienen con quién dejar a sus hijos, familias que viven en pobreza laboral, personas que perdieron su empleo por la pandemia y micronegocios que darías empleo a otras personas.

La discusión sobre la reforma fiscal que viene es inminente, pero debe hacerse con responsabilidad. Les invitamos a conocer la propuesta de Presupuesto federal para la recuperación .

Nota del editor: Sofía Ramírez Aguilar labora en México, ¿como vamos? , el cual registra a detalle el crecimiento económico del país. Síguelos en Twitter , Facebook e Instagram . Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.