Hace unos meses, la Comisión Europea se pronunció en el Foro de Davos sobre el poder que ejercen estas empresas y la amenaza que podrían significar para la competencia libre y justa, la seguridad, la información, al igual que para la democracia, puesto que, evidentemente, hay un poder fáctico que se ejerce y que trastoca los intereses económicos, políticos, así como de gobernabilidad.
En Australia, recientemente se aprobó la primera ley que obliga a las grandes plataformas a pagar a los medios de información por el contenido que difunden, o al menos, ésa era la intención de los legisladores.
Como se sabe, los medios generadores de noticias enfrentan desde hace años una severa crisis económica y cultural que se agudizó con la masificación de Internet, la irrupción de las redes sociales y los cambios en la asignación de recursos públicos. Esta situación los obliga a replantear constantemente sus modelos de negocio y priorizar la calidad del contenido; por supuesto, ello requiere recursos de todo tipo.
Sin embargo, mientras los medios siguen en el proceso de ensayo y error, las compañías tecnológicas han aprovechado sus ventajas en la materia para desarrollar servicios y aplicaciones que compilan todo ese contenido de los medios, para distribuirlo y ofrecerlo de forma gratuita a sus millones de usuarios en todo el mundo.
Esto propicia una relación inequitativa, pero de total codependencia, puesto que la influencia de estas grandes corporaciones es tal, que simplemente los medios no pueden mantenerse al margen -cabe recordar que un altísimo porcentaje de usuarios utiliza las redes sociales o los buscadores como fuente principal de noticias-, así, los segundos se ven obligados a conducirse bajo los parámetros, métricas y algoritmos que aquéllas definen, a fin de no quedar fuera del juego.
Esta falta de equilibrio es la que obligó a las autoridades australianas de competencia a presentar un análisis cuantitativo y cualitativo que derivó en un proyecto de ley para un Código de Negociación Obligatoria para los Medios Noticiosos y las Plataformas Digitales.
La respuesta inicial de Google y Facebook fue restringir el contenido, a pesar de que esto vulnera el derecho humano de acceso a la información; la medida fue eficaz, y las autoridades se vieron obligadas a mostrar flexibilidad y permitir la negociación directa con las empresas de noticias, aunque esto haya dejado marginadas a las medianas y pequeñas.
