Desde luego, urge una renovación en la política, pero siendo realistas, no es probable que ocurra pronto. No invitamos a la indiferencia ciudadana, sino a tener claro qué deberíamos pedir a quienes aspiran a gobernarnos. Más aún, es un llamado a la acción a innovadores y emprendedores sociales para que, desde la sociedad civil, el sector privado y la burocracia, diseñen e impulsen soluciones sobre las posibilidades de estas tecnologías. Y a todos, para invertir más tiempo y dinero en ello, en vez de frustrarnos por las noticias y las campañas electorales.
Para convencernos, basta contrastar la factibilidad de las promesas que plantea la tecnología con las de los candidatos y sus resultados cuando gobiernan.
Si la propuesta contra la corrupción era básicamente el refrán de que se barre como las escaleras, estando arriba con las escobas quienes se asumen “moralmente superiores”, ¿qué podía esperarse? No mucho más que cárcel, presiones o escándalos para algunos que antes estaban arriba; a largo plazo, quizá repunte, sobre todo si se busca desmontar lo que empezaba a funcionar, como el INAI, o parecía que lo haría, como el Sistema Nacional Anticorrupción.
Por lo pronto, como antes, ha habido acusaciones contra miembros prominentes del gobierno y hasta de fraudes en el folklóricamente denominado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. De hecho, todo indica que hay más opacidad y menos rendición de cuentas, pues el número de recursos de revisión contra respuestas a solicitudes de información creció más de 50% respecto al sexenio anterior, y de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el año pasado fue récord histórico en el monto de recursos erogados a contratos adjudicados sin licitación pública: 43% del total contra 35% en 2018.
Peor aún, no han faltado señalamientos de presuntos fraudes y corrupción en la gestión de los programas sociales que están en el corazón del otro eje discursivo de este gobierno: el presupuesto orientado por la máxima “primero los pobres”. La misma Auditoría Superior de la Federación ha detectado diversas irregularidades.
En contraste, con blockchain es factible blindar contra manipulaciones las bases de datos y buena parte de los procesos de compras de gobierno, sin necesidad de funcionarios incorruptibles o leyes draconianas. Simplemente, con su esencia descentralizada de registros inmutables, 100% trazables, con actualización de movimientos automática y completa visibilidad en tiempo real.
Lo suficiente para toda una revolución en la contratación pública o la fiscalización. Puede ayudar a erradicar la opacidad y la discrecionalidad tanto para adjudicaciones directas como en licitaciones mediante plataformas de contratos inteligentes automatizados, tendientes a la uniformización, con supervisión de terceros, sean los postores que compiten o auditores y organizaciones cívicas.
