En este sentido, un servicio público eficiente es aquel que considera dos variables: la estructura y la infraestructura, mismas que requieren de un desarrollo paralelo para su éxito. Por un lado, la estructura hace referencia al nivel de gobernanza efectivo del gobierno y de las instituciones que lo conforman; su principal indicador es la asertividad en la toma de decisiones, que van desde una adecuada ejecución del presupuesto, hasta una planeación ordenada en función de las necesidades prioritarias y futuras de la población.
La situación actual en México presenta un escenario desalentador para esta variable. En 2020 los estados y municipios enfrentaron un recorte presupuestal de $108 mil millones de pesos , un monto que se suma al generalizado en la APF cercano al 75% y que ha afectado significativamente la operatividad en diversas instituciones públicas a lo largo del país.
Aunque cualquier ajuste presupuestario es cuestionable, las políticas económicas del Ejecutivo han debilitado las arcas locales. Si bien existen mecanismos de financiamiento que permiten contar con mayor capital de inversión, hay que recordar que la base ejercida en los servicios públicos proviene de los impuestos. El papel presupuestal del gobierno no debe quedar de lado y recaer en la ciudadanía, debe existir un compromiso por parte de los gobiernos en esta materia con sus habitantes.
Por otro lado se encuentra la infraestructura, la cual considera la capacidad instalada y el equipamiento necesario para el desarrollo e implementación de los servicios públicos. Aunque para muchos este puede ser considerado el factor más importante, no hay que olvidar que los sistemas de transporte, de agua potable, drenaje o alumbrado público, por mencionar algunos ejemplos, no funcionan por sí mismos. Estos requieren de un modelo operativo que optimice su funcionamiento, lo cual solo es posible con una estructura gubernamental correcta.
Bajo esta idea es importante destacar que la mayoría de la población en Latinoamérica vive en zonas metropolitanas, gestionadas por más de un gobierno local. En México este fenómeno es común, teniendo como principales exponentes a la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Esto implica planear los servicios públicos con una visión extendida, considerando las ciudades como un conjunto, lo que requiere necesariamente, asociaciones entre municipios incluso a nivel estatal y federal.
Existen casos de éxito bajo modelos de colaboración locales para la implementación de servicios públicos en México, tal es el caso del SIMEPRODE en el estado de Nuevo León. Dicho organismo se encuentra integrado por los municipios que conforman el Área Metropolitana de Monterrey y tiene por objetivo el manejo, disposición y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos generados en la zona.
Con el apoyo del Fondo Mundial del Medio Ambiente y el Banco Mundial, se desarrolló un proyecto mediante la conformación de una asociación público-privada para el aprovechamiento energético de biogás proveniente de los residuos. Desde su puesta en marcha en 2003 a la fecha, se han generado 1,692 GWh de electricidad, que equivalen a una reducción de emisiones de 8 .2 millones de toneladas de dióxido de carbono .
