No cabe duda alguna que de años atrás se ha venido usando la tercerización, principalmente usando subsidiarias empleadoras, para tener un doble estándar en materia de beneficios, escalas salariales y PTU. Esto se había convertido en insostenible a través de los años, pero no fue la fuerza de la ley ni las peticiones de los trabajadores, sino los compromisos del T-MEC que obligaron a México a poner fin a la inaceptable mora en la firma de tratados internacionales, no sobre la tercerización, sino más bien sobre la libertad sindical.
Y esto nos ha traído colectivamente a sembrar vientos; y la cosecha se antoja interesante. No podemos presumir en el país “nuevos empleos” porque son los mismos pero con diferente patrón. Sigue habiendo un grupo importante de empresas que pretende mezclar el pago de PTU con bonos de productividad, desconociendo francamente el origen de esta particular figura de la ley, con protección constitucional, que no pretende pagar por el desempeño sino, como lo dice su nombre, participar en las utilidades.
Es tan evidente el error colectivo que no hace derecho, que se acuerda un tope al PTU para negociar el outsourcing. No tardarán en llegar los amparos constitucionales para eliminar esta dependencia ficticia y la eliminación de un derecho adquirido por las décadas de las décadas.
Pero lo preocupante es que no es esa la tempestad, y que el licenciado está viendo los árboles y no el bosque. La tempestad que sí preocupa es la de los plazos perentorios de la reforma laboral de 2019, donde los empleados tendrán el derecho de escoger su sindicato, ver sus cuentas y transparentemente elegir a sus líderes.
La tempestad se llevará por delante los contratos de protección que han estado silenciosamente guardados por años y vendrá a la luz un sindicalismo nuevo, sólo que con líderes viejos. Y toda esta tempestad contará con la asesoría y “acompañamiento” de los sindicatos del vecino del norte.
Y el día después de la tempestad quedarán los índices escandalosos de empleo informal, la falta de bancarización del empleado de a pie y una desigualdad que ahora viene alentada no solo por la estructura económica, sino por los costos incalculables que ahora genera la legalidad, un atentado contra el principio de libre empresa.
