¿Los fondos que gestiona desde su firma de inversión llevan en su nombre la sigla “ESG” y prometen seleccionar acciones o bonos de empresas que son supuestamente sustentables, pero en realidad tienen en su portafolio empresas cuyos modelos de negocio a mediano y largo plazo están basados en la extracción de combustibles fósiles o que tienen cadenas de valor opacas involucradas en abusos de derechos humanos?
Estos son algunos de los casos en los que las organizaciones están prometiendo algo que en realidad no están en condiciones de poder ofrecer.
A medida que en estos últimos meses los flujos de capital hacia fondos ESG han aumentado de manera exponencial acelerados por la pandemia, muchas organizaciones ven una oportunidad de atraer grandes cantidades de dinero de manera rápida autoproclamándose de un día para otro “sustentables” y adhiriendo a distintas iniciativas o principios del campo que les permitan exhibir en público sus supuestas credenciales “verdes”, “sociales”, o “ESG”.
Mientras mayor sea la brecha entre lo que dicen y hacen, mayor el riesgo al cual están expuestas: estamos en presencia del fenómeno cada vez más extendido de greenwashing, o de ESG-washing en general si tenemos en cuenta que estas “narrativas” exageradas o directamente falsas no se limitan sólo a temas medioambientales, sino que también incluyen los factores sociales y de gobernanza corporativa.
El ESG-washing representa entonces un riesgo ético para todas estas organizaciones: en cualquier momento, algún grupo de interés externo o interno (reguladores, accionistas, empleados, consumidores, etc.) tomará nota de estas incongruencias y las expondrá de manera pública, con consecuencias tangibles en términos de multas y sanciones, daños reputacionales, activismo de inversores en pos de cambios en los directorios y management de empresas en las que invierten, pérdidas de clientes, etc.
Está en juego aquí la integridad de dichas organizaciones y, por ende, también su credibilidad, afectando a la organización en su totalidad, no solo en relación con estos temas problemáticos puntuales que puedan salir a la luz, sino también a otros asuntos sobre los cuales sus stakeholders querrán indagar también, produciéndose un potencial efecto “bola de nieve”.
Si, por ejemplo, una empresa reporta regularmente sobre sus compromisos y acciones pro igualdad de género y diversidad pero en sus directorios o en el Senior Management no hay ninguna o pocas mujeres o minorías representadas, entonces uno puede suponer que de la misma manera que las organizaciones están “narrando” algo que no tiene asidero en la realidad, quizás también en otros aspectos de su desempeño de sustentabilidad como así también el financiero pueda haber incongruencias que también merezcan ser examinadas.
Después de cierta demora y en gran medida presionados por una ciudadanía global cada vez más comprometida con estos temas - especialmente las generaciones más jóvenes y por temas que no pueden esperar como el cambio climático -, los gobiernos se están poniendo al día y lanzando una batería de disposiciones regulatorias que buscan precisamente identificar y, sobre todo, prevenir instancias de ESG-washing.
Un ejemplo reciente ha sido la regulación SFDR de la Unión Europea introducida en marzo de 2021 y que aplica a las entidades financieras y de inversión del continente. La regulación tiene por objetivo que dichas entidades divulguen de manera sistemática información relativa a de qué manera integran criterios de sustentabilidad a nivel de sus entidades y en sus productos y servicios, con particular énfasis en los riesgos e impactos negativos de sustentabilidad.
Firmas de inversión y otros actores del sector financiero deberán entonces divulgar de manera precisa a través de datos y métricas consistentes de qué manera están integrando factores ESG. Esto pone presión a las empresas a consiguientemente reportar de manera robusta y transparente sus desempeños ESG para atraer el capital de estos actores del sistema financiero. Reguladores del sistema financiero y asset owners (bancos centrales, fondos de pensión) de diversos países están también implementando o estudiando implementar medidas similares; América Latina no es la excepción en este sentido.
