Primero que nada, resulta importante destacar que los topes salariales que detectó la Cofece son prácticas monopólicas que mermaron por completo la competencia, el crecimiento y la profesionalización del futbol femenil. Ésta fue una primera barrera a la que se enfrentaron las futbolistas profesionales.
El tope establecido a las jugadoras mayores de 23 años fue de 2,000 pesos mensuales. Esta cifra es apenas superior al valor de la canasta básica alimentaria . ¿Cómo esperar que las profesionales del futbol den un espectáculo de primera con salarios tan bajos?
Si se analiza al mercado laboral nacional, se observa que el ingreso laboral mensual de las mujeres se estima en 6,500 pesos, mientras que el de los hombres en 7,600 pesos. Por cada 100 pesos que genera un hombre, las mujeres generamos 85 pesos.
Este fenómeno sólo se hace mucho más grande dentro de las canchas de futbol en México, pues de acuerdo con un estudio realizado en 2018, el ingreso mensual promedio de una futbolista de la Liga MX Femenil se estimó en 3,500 pesos; el de los jugadores en 640,000 pesos. Las futbolistas mexicanas juegan en primera y reciben el equivalente de 0.6% del ingreso de sus pares.
Ahora bien, una vez detectadas y sancionadas estas malas prácticas, un reclamo de aficionadas, comentaristas e incluso futbolistas en activo es que el dinero de la multa se invierta en la misma liga para compensar el agravio. Aunque muy justo, esto es poco probable que suceda.
La Cofece no cobra, administra o dispone del dinero que generan las multas impuestas. Éstas son cobradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y es Hacienda quien tiene la función de administrar este dinero con discrecionalidad. El Presupuesto de Egresos de la Federación actúa como una guía, pero no existe mecanismo en sí para “etiquetar” estos recursos.
Ésta es una de las muchas razones por las que es importantísima la discusión que toma lugar en la Cámara de Diputadas y Diputados respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación desde el 8 de septiembre. Dados los recursos limitados, la discusión legislativa respecto al gasto público es sumamente importante, pues es la única oportunidad de redireccionar la forma en la que el Ejecutivo propone administrar el dinero público.
