El punto que distrae mi atención es la falta de puntería. La estridencia es normal, es un lamento que sirve para poner un curita antes de cortarse el dedo… porque se lo van a cortar. Pero eso es ruido político.
El asunto no está en la liquidez de los estados, que es sólo un síntoma; debe estar en cómo se trata cada caso. En el fondo. Eso sí que debería generar la estridencia que vemos. Y ese fondo es la inequidad fiscal. Un problema con un arreglo bastante más complicado y tardado. Mucho más que lo que dura un lamento. Sin embargo, sería bueno que los nuevos gobernantes le bajaran al volumen de la estridencia superficial, para ajustar la puntería en lo que deben hacer y no repetir la historia cuando se vayan.
Vamos al lío.
Todos los estados —menos Tlaxcala, porque su Constitución no lo permite— acuden permanentemente al mercado de deuda para financiar, vía obligaciones a corto plazo, problemas de liquidez de carácter temporal.
Está bien, para eso es la deuda y siempre ha sido así. Si volteamos atrás, la situación no era muy distinta. En 2016, cuando la mayoría de los gobiernos que se acaban de ir apenas llegaban, heredaron deudas bancarias derivadas de obligaciones de corto plazo con instituciones financieras, proveedores y contratistas. De acuerdo con los datos publicados en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre de 2016 las entidades que este año cambiaron de gobierno tuvieron 53,500 millones de pesos en deudas, equivalentes a 7.4% de sus ingresos totales. Al cierre del segundo trimestre de 2021, esas cifras fueron 25,707 millones y 3.6%. Menos de la mitad en el monto, nada mal.
Entonces, para herencias malditas, estaba más fea la anterior.
La mejora se dio gracias a una circunstancia, y a pesar de otra, muy importantes ambas, que presionaron fuertemente las finanzas de los estados con cambio de gobierno.