“La propuesta obedece a dos cuestiones: cultura cívica y evitar el robo de identidad, quiero precisar que no implica alguna obligación ni ninguna sanción”, dijo Buenrostro en su comparecencia para análisis del Paquete Económico 2022.
Los diputados deben votar antes del 20 de octubre la miscelánea fiscal que incluye cambios a las leyes del IEPS, IVA, ISR, Aduanera, y al Código Fiscal de la Federación para aplicarse a partir de 2022.
Raquel Buenrostro explicó que se trata de una medida preventiva contra las empresas factureras, dedicadas a vender comprobantes fiscales, simulando operaciones por la prestación de servicios.
“De pronto encontramos que un joven de 18-19 años tiene una empresa que factura 1,000 millones de pesos (mdp) al año, tiene varios autos deportivos, cuando se localiza al joven nos damos cuenta que es un robo de identidad, pues vive en provincia, incluso indígena, eso en el mejor de los casos, en el peor se encuentra un domicilio a mitad de la carretera, en medio de la nada”, explicó la jefa del SAT.
Otro uso que dan a los datos, es registrarlos en nominas para crear empresas fantasma. El SAT ha encontrado casos en los que una misma persona trabaja en empresas localizadas en diferentes estados, al mismo tiempo.
“Eso no es posible, es un error”, agregó la funcionaria.
El otro fundamento es que exista un cambio en la cultura fiscal, concientizar que es un deber contribuir para garantizar servicios y bienes públicos, explicó la jefa del SAT.
Pandora Papers
Raquel Buenrostro, y el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, explicaron que desde el inicio de la nueva administración federal se ha trabajado para que todas las personas obligadas a pagar impuestos cumplan con ello, además de reforzar acciones para evitar la evasión de impuestos a través de operaciones en el financiero.
La jefa del SAT precisó que junto con la procuraduría fiscal, se ha logrado que personajes publicados en las listas de los Papeles de Pandora ya se hayan puesto al corriente, y otras estén en pos de cumplir con sus obligaciones fiscales.
Aseveró que como parte de estas acciones el año pasado, una persona, involucrada en la investigación, pagó al fisco 5,800 millones de pesos el año pasado, el mayor monto pagado por una persona física.
