De acuerdo con cifras del IMSS, al cierre de 2021, se contabilizaron 20 millones 620,148 empleados registrados en el IMSS, al tiempo que el número de empleados en la informalidad ascendió a 32 millones 165,765. En números redondos, se estima que 44% de la población ocupada se encuentra en un empleo formal, cuando 56% sobrevive en la informalidad (en 2020, este último porcentaje se ubicó en 55.5%, según cifras desestacionalizadas).
La tasa de informalidad es un lastre para la economía mexicana y todo apunta a que lo seguirá siendo, de tal forma que la estrategia de supervivencia para millones de personas es -desafortunadamente- trabajar más horas, percibiendo bajos salarios, renunciando a alguna prestación que les permita adquirir un bien inmueble y rogando por que no tengan que necesitar de algún servicio médico.
El reconocimiento del vínculo laboral mediante el pago de la seguridad social hace toda la diferencia. El problema es que, mientras el Inegi sostiene que hay tres millones de empleadores, el IMSS dice que solo un millón paga la seguridad social de sus empleados. Uno de los argumentos para justificar esto es el alto costo que representa el pago de dicha seguridad social. Pero, también, el abuso de muchas empresas alimenta esta circunstancia.
Estamos frente a un problema estructural y, bajo esta definición, es un fenómeno con muy pocos cambios en el tiempo; al respecto, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), considera que la informalidad es una de las culpables de la baja movilidad social en México, ya que ésta suele heredarse.
Por su parte, Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH), sostiene que actualmente hay una tendencia basada en contratar bajo esquemas que van desde el pago a través de recibos de honorarios o mediante cooperativas, donde los empleados no tienen ninguna prestación y menos seguridad social.
Sin embargo, llama la atención la participación de la informalidad en los estados del país pues, mientras en algunos la informalidad es la reina, en otros provoca la sensación de que podríamos tener las soluciones frente a nuestros ojos.
Según el Inegi, al tercer trimestre de 2021, los estados con la mayor tasa de informalidad son Oaxaca (81%), Guerrero (78), Chiapas (78), Hidalgo (73) y Tlaxcala (72); mientras que los que pueden presumir de las menores tasas son BC (38%), Chihuahua (37), Nuevo León (37), BCS (37) y Coahuila (36).
¿Cuáles son los incentivos que ofrecen los estados del norte del país para contar con estos porcentajes? ¿Es posible que dichos incentivos se puedan replicar en el centro y el sur? La AMECH explora con la Secretaría del Trabajo fórmulas por sectores para contrarrestar los altos niveles de informalidad.
Pero no hay mucho que escarbarle. Para reducir la informalidad es necesario bajar el costo fijo que tiene la seguridad social, pero eso no sucederá. Al contrario, ante la débil recuperación económica, el escenario más probable es que la tasa de informalidad escale a porcentajes históricos.
