(Expansión) - A finales del año pasado, el debate sobre la política económica nacional dejó de centrarse enteramente en la recuperación económica del país, para dar paso al tema de la inflación. Y no es para menos, pues este indicador suma hasta ahora 11 meses consecutivos por arriba del objetivo del Banco de México (Banxico).
Para 2022, sin duda alguna, la inflación será el mayor reto en materia económica para el gobierno federal y las entidades subnacionales.
En su momento, la mayoría de las autoridades monetarias decidieron tomar una “posición relajada” en torno a este tema, considerando el alza de precios como un evento transitorio. Todo esto ligado a la idea de que, sin las restricciones sanitarias, los problemas logísticos en las cadenas de suministro se resolverían, la producción volvería a sus niveles pre-pandemia y se alcanzaría eventualmente un equilibrio con la demanda de bienes y servicios.
Sin embargo, esto no ha ocurrido y, ahora con el conflicto en Europa, existen razones para pensar que esta brecha entre demanda y oferta continúe.
México cerró el 2021 con una inflación anual de 7.36% y para enero de 2022 fue de 7.07% (contra enero de 2021). La cifra más reciente de inflación (primera quincena de febrero) indica que el nivel general de precios aumentó en 7.2% (contra la misma quincena de 2021). Según datos del INEGI, las presiones inflacionarias vienen principalmente del precio de los energéticos y de algunos productos agropecuarios.
No obstante, en mi opinión, un cierto porcentaje de nuestra inflación es importada de Estados Unidos, cuya inflación también ha registrado sus mayores niveles en 40 años.
Frente a esto, el último movimiento de Banxico sobre la tasa de referencia mandó al mercado un claro mensaje sobre su compromiso con el cumplimiento de su mandato (estabilidad de precios). Siendo esta la sexta vez consecutiva que eleva su tasa, nuestra autoridad monetaria busca anclar las expectativas del mercado sobre inflación.
Ciertamente, el aumento de tasas de interés afectaría a los bancos, sobre todo aquellos que dependen de fondeo mayorista y, en consecuencia, podría impactar la colocación de créditos. Esto al final provocaría una contracción del consumo interno y una menor inversión. Y siguiendo la lógica económica, esto generaría una menor recaudación por parte del gobierno y con ello previsiblemente menor ritmo de crecimiento económico.
Esto pudiéramos contrastarlo con lo vivido durante la pandemia, donde tuvimos tasas de interés relativamente bajas y donde tampoco se experimentó un boom en el consumo ni en la inversión.
Desde mi punto de vista y bajo este escenario económico; la población, las empresas y los tres niveles de gobierno deberán eficientizar su presupuesto con el fin de contener el embate del alza de precios, pero sin descuidar las metas de recuperación económica. La tarea no parece ser sencilla.
En particular, con respecto a los gobiernos subnacionales (estados y municipios), estos deberán cuidar ante todo sus balances fiscales y el nivel de endeudamiento frente a un escenario de un mayor costo de la deuda. Esta estrategia podría traer algunos sacrificios, como detener o aplazar el inicio de nuevos proyectos de inversión pública productiva a favor del gasto corriente de las entidades; lo que no necesariamente es malo, si pensamos en el costo de contratar nueva deuda.
Más aún, los procesos de refinanciamiento, que comúnmente llevan a cabo los subnacionales con el fin de reducir la carga financiera de los pasivos vía menores sobretasas, ahora podrían ser más difíciles de concretar.
En caso de que los estados y municipios establezcan una buena planeación financiera y con ello una eficiente ejecución del presupuesto, la posible generación de ahorros debería ser destinada en la medida de lo posible a la inversión. Invariablemente, este tipo de política pública a la larga estimularía su recuperación económica.
Sin embargo, frente a este escenario complicado, las finanzas del sector subnacional podrían tener un respiro con el desempeño del precio internacional del petróleo que hoy estamos. Si el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) es consistentemente mayor al que se aprobó en la Ley de Ingresos para 2022, esto podría ayudar a alcanzar las metas de recaudación de impuestos y, bajo un escenario optimista, generar ingresos excedentes para el sector público en general.
Durante el mes de febrero, el precio del barril de la MME superó los 80.0 dólares, mientras que la SHCP lo estimó en 55.1 dólares.
Estos ingresos adicionales pudieran ayudar a compensar la recaudación tributaria programada, en caso de que no se cumpla la meta para el cierre del año. Si aun después de esto, se cuenta con recursos, estos deberán usarse para fondear el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (25%), el Fondo de Estabilización de las Ingresos de las Entidades Federativas (25%), el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (40%) y el resto para inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, según el artículo 19 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por último, no hay que olvidar que, si bien estos recursos representarían ingresos adicionales para los estados y municipios durante 2022, la generación de ingresos vía un mayor precio de la MME no sería de carácter estructural sino probablemente transitorio.
Nota del editor: Roberto Ballinez es Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas e Infraestructura de la calificadora HR Ratings. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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