A nivel macroeconómico, la inflación también tiene implicaciones negativas. Por un lado, si el poder adquisitivo de los hogares se reduce, entonces la demanda por bienes y servicios será menor, lo que se reflejará en la producción y, dado que para producir se necesita mano de obra, repercutirá en el empleo.
Por otro lado, cuando la inflación es elevada, las tasas de interés tienden a aumentar, lo que encarece el financiamiento para el consumo y la inversión, debilitando aún más el gasto y, por lo tanto, la producción de bienes y servicios, el empleo y el bienestar las familias.
Ahora, los Bancos Centrales pueden, en términos muy generales, controlar la inflación regulando la oferta monetaria y determinando el nivel de las tasas de interés. Esta labor resulta mucho más factible cuando el Banco Central es completamente autónomo, ya que esto los hace independientes a las presiones políticas que pudieran surgir.
Por ejemplo, si el Banco Central determina que debe de subir las tasas de interés para controlar el alza en precios, esto se va a reflejar, entre otras cosas, en un mayor costo del servicio de la deuda gubernamental, lo que deja menos recursos disponibles a los gobernantes para gastar en conceptos afines a sus aspiraciones políticas y que usualmente son populares entre el electorado, como lo pueden ser los programas asistencialistas o cierto tipo de obras monumentales, aunque estos no necesariamente sean social y económicamente rentables.
Entonces, aquí claramente se puede observar cómo hay un conflicto de intereses entre la política fiscal y la política monetaria, entre Hacienda y el Banco Central, entre las aspiraciones políticas de cualquier administración en turno y el control de la inflación.
