No hay forma de perderse en el bosque. En tiempos de la autollamada cuarta transformación (4T) la recaudación tributaria no ha crecido gran cosa. México Evalúa ofrece un dato: en 2021, los ingresos tributarios aumentaron apenas 2.8% frente al cierre de 2018, el último año del sexenio pasado; un aumento insuficiente para amortiguar las presiones que el gobierno enfrenta con el gasto público.
Hoy, los expertos sostienen que los elementos con los que se cuenta encienden las alertas de preocupación considerando que, los ingresos no son muy superiores a los gastos, la reforma fiscal no está en la estrategia del gobierno, la renta petrolera registra un comportamiento errático y el gasto en pensiones es una bola de nieve.
Dado que no es posible sacar dinero de las piedras, lo que tanto se ha temido está tomando forma: exprimir más a los contribuyentes de siempre.
Y la manera de lograrlo se despliega de varias formas.
Según el Artículo 22-D del Código Fiscal de la Federación, en su fracción VI, en 2021 se incrementaron los días para que el SAT determine la devolución (o no) de impuestos, hasta llegar a un total de 80 días hábiles o cuatro meses. El proceso va más o menos así: el SAT tiene 40 días para procesar la solicitud de devolución y pueden pasar otros 20 días, en caso de que requiera más información (durante ese mismo lapso, el contribuyente está obligado a responder); después, el SAT tiene otros 20 días para solicitar más información o hacer una visita domiciliaria.
Una eternidad, más ahora cuando las empresas requieren liquidez o las personas físicas necesitan resolver alguna contingencia. El largo proceso desincentiva la solicitud de devoluciones. “Es impresionante cómo ha subido la recaudación a partir de eso. La no devolución ha favorecido que el SAT se quede con más recaudación. La autoridad tributaria se ha cobrado más a la mala”, afirma Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público de México Evalúa.
Para dimensionar: en 2021, el fisco devolvió y compensó 974,000 millones de pesos (mdp), 17% (195,000 mdp) menos que en 2018, último año del sexenio pasado, sostiene México Evalúa en su reporte El SAT y la recaudación por obstrucción. “Es decir, sin revitalizar la economía ni aumentar impuestos, logró extraer de los contribuyentes recursos adicionales, por un monto que hubiera alcanzado para pagar las pensiones de adultos mayores en 2021 (135,000 mdp)”, complementa.
Hay otras formas. Según la opinión de contadores que pidieron no ser identificados, la fiscalización está llegando a extremos que pueden rayar en la persecución. “A partir de la introducción de la contabilidad electrónica y la expedición de los CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), el SAT fiscaliza en tiempo real; algo que no está nada mal, pero lo que a veces ocurre es que tenemos a un big brother que solo pretende hacerle la vida más difícil a los contribuyentes”, sostiene uno de ellos.
Pero esta historia tiene otros enfoques. Para bailar tango se necesitan dos y, entonces, muchos contribuyentes no han sido unos angelitos. México recauda 25% menos que América Latina y El Caribe, eso nos habla de que no hemos evolucionado hacia una mejor transparencia fiscal y, en consecuencia, esto tampoco ayuda a tener el fondeo suficiente en servicios importantes para el cumplimiento de los derechos humanos. Otra historia, también reprobable, es la de los factureros.
Por otro lado, se han dado a conocer otras medidas: recientemente, la Suprema Corte avaló que el SAT pueda acceder, sin orden judicial, a la información del secreto bancario de personas y empresas; mientras que Morena propone cobrar impuestos a influencers por publicidad en sus contenidos. ¿Qué hay detrás de todo esto? La urgencia del gobierno por captar más ingresos, sea como sea.
Acotación: el Artículo 32-B del Código Fiscal permite, desde hace décadas, que cuando el SAT esté en un procedimiento de fiscalización o de cobro, el SAT puede solicitar información a la CNBV y a cualquier banco. No es un invento de la autollamada 4T, tiene años por una razón muy sencilla: las cuentas bancarias son parte de la contabilidad del contribuyente. Lo que validó la Corte es que las autoridades de la SHCP puedan pedir información para fines fiscales. Entonces, no solo es el SAT, sino también la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación.
