Somos un país que, en las últimas cuatro décadas, navegó en un ambiente de súper flexibilidad en cuanto a los temas laborales, casi todo era permitido en el marco de la productividad y la competitividad. La reforma vino a modificar de fondo, no sólo las reglas, sino más importante aún, la mentalidad con la que concebimos al trabajador en el sistema productivo.
Por lo anterior, preguntar si es obligatorio para una empresa tener sindicato es, en sí misma, una forma de vulnerar ese cambio.
Primero analicemos la raíz de la pregunta; por años el 85% de las empresas vivimos con contratos de protección, lo que realmente significa que vivimos en ambientes libres de sindicato, donde el sindicalismo blanco consolidó un modelo de negocio orientado a “blindar” la entrada de nuevos representantes colectivos de los trabajadores, para que ni unos ni otros ejercieran la defensa de los derechos de las personas en el marco del balance con las posibilidades y resultados de las empresas.
Así que la mejora o no de las condiciones dependió de la voluntad de la administración de las empresas, presionadas por la rotación de trabajadores o motivadas por un genuino interés de lograr un ambiente de trabajo productivo y positivo.
Hoy las reglas cambian, poniendo la voluntad del trabajador en el centro del proceso, lo que actualmente genera el mayor desafío, porque esa voluntad hoy se mueve por intereses muy diversos, incluso politizados, que ponen una altísima tasa de incertidumbre al futuro de las revisiones de Contratos Colectivos y de la sostenibilidad de las empresas.
Escuchamos campañas invitando a votar negativamente a los trabajadores en revisiones o legitimaciones de contratos, donde no queda claro si existe realmente un interés de reivindicación y mejora de las condiciones, o es solamente un mecanismo para que nuevos actores entren a su representación. El tiempo dirá si tienen un objetivo verdaderamente social o es sólo una forma de que el negocio cambie de manos.
