(Expansión) - Hablemos del presupuesto del Gobierno Federal para 2023, cuyo proyecto se dio a conocer la semana pasada y se dejará a discusión de diputados y diputadas hasta el 15 de noviembre, fecha límite para su aprobación.
En particular, hablemos del presupuesto destinado para Educación, el cual espera mayores recursos para el próximo año, pero no prioriza el acompañamiento de las y los maestros ni acciones para mejorar la calidad de los servicios.
En el Proyecto de Egresos de la Federación 2023, la función Educación registró un aumento real de 6.6% en comparación con el monto aprobado para 2022, para ubicarse en 910,692 millones de pesos. Este concentra los recursos tanto para Secretaría de Educación Pública (SEP) como aquellos para otros organismos y fondos relacionados con esta función como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) o las aportaciones federales que las entidades deben usar con este fin.
Un mayor presupuesto educativo es una buena noticia, sobre todo ante las secuelas que ha dejado la pandemia como la reducción en la matrícula y la pérdida -o el retraso- en la adquisición de conocimiento prioritarios.
Sin embargo, la pregunta clave para identificar las prioridades del sector es ¿en qué se destinarán estos recursos adicionales?
Lo primero a resaltar es que todos los niveles educativos recibirán mayores recursos: para educación básica se espera un incremento real de 6.6%, para educación media superior de 3.8% y para educación superior de 2.1%.
No obstante, estos cambios son moderados en comparación con el 39% adicional que recibirá la subfunción “Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes”. ¿Por qué? Esta partida tiene 45,881 millones de pesos asignados para cubrir actividades relacionadas con labores administrativas, preparación de docentes y calidad educativa.
Hasta aquí me emocioné. ¿Será que en este ejercicio se dará prioridad a docentes y todo lo relacionado con evaluaciones para generar evidencia? Tristemente, después de analizar programas en específico, me di cuenta de que la respuesta es no.
Mientras que la Escuela Es Nuestra recibirá un presupuesto 88% mayor que el año anterior, tanto el Programa para el Desarrollo Profesional Docente como el Fortalecimiento a la Educación Educativa -ambos que contribuyen a la formación continua del magisterio- registran un incremento de 2.3% en términos reales. ¿En dónde están las prioridades?
En el mismo sentido, la Mejoredu, que puede jugar un rol fundamental en la evaluación diagnóstica de conocimientos y generar datos que guíen la toma de decisiones, espera un presupuesto de 630 millones, casi 2% mayor en términos reales que el de 2022. ¿Será suficiente para el desafío que enfrenta?
Invertir en educación de calidad es invertir para que las personas desarrollen capacidades productivas que les permita acceder a mejores empleos. Es una forma de combatir pobreza y desigualdad. No basta con solo lograr que las y los estudiantes vayan a la escuela, se necesita aprovechar al máximo el tiempo que transcurren ahí. Desafortunadamente, eso no está entre las prioridades de esta Administración, lo que puede poner en riesgo el futuro profesional de millones de niñas, niños y adolescentes.
¿Qué se necesitará para tomar el tema en serio?
Nota del editor: Fátima Masse es Directora de Sociedad incluyente del IMCO. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.
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