Hoy se habla mucho de la costosísima línea que Meade negoció con el FMI. No solo porque implicó un enorme desembolso no recuperable, sino porque, además, es bien sabido que se trata de un acreditante de altísimo costo social, dado que las medidas que impone como condición a los países que no tienen otra que firmar una carta de intención llevan al extremo de la tolerancia a grandes segmentos de la población. Grecia es quizá el más reciente ejemplo, pero diversos países de Latinoamérica pueden dar cuenta del extenuante esfuerzo que implica ser acreditado por ese organismo internacional.
Lo que no debemos olvidar es que los financiamientos, vengan del Banco Mundial, del BID o del Fondo, son eso, y que, tarde o temprano, hay que pagarlos, como los infaustos swaps contratados a principios de sexenio. La pregunta en el aire sigue siendo cuál es la fuente de repago, dado que el gobierno violentó la Constitución contratando deuda sin identificarle, puntual y específicamente, contando con la ignorante anuencia de la Cámara de Diputados.
Signos inequívocos que implican luces ambarinas se han encendido, como lo es la ya innegable pugna que existe entre la SHCP y los grandes demandantes oficiales de crédito internacional, Pemex y la CFE.
Son precisamente las leyes que no gustan al Ejecutivo Federal las que señalan puntualmente que el erario federal no debiera estar sufragando, y mucho menos, avalando o respaldando, el endeudamiento de las que debieran ser, pero no lo son, empresas productivas del Estado Mexicano. Hablar de finanzas públicas sanas, cuando esas entidades han financiado su desastrosa operación dejando de pagar a proveedores y contratistas, no sólo es poco serio, sino que inadvierte que, en tan solo cuatro años, ellas quebrantaron las cadenas nacionales de productos y servicios de las industrias petrolera y eléctrica.
Se han dejado debajo del tapete grandes pasivos, como las pensiones de esas dos grandes entidades, así como el hecho de que los pasivos derivados de adquisiciones y servicios debieron y deben ser computados como endeudamiento público, omisión validada, en contra de los intereses de la Nación, bajo la fórmula Pérez Dayán, por cierto, recién premiado. Tal argucia es ya analizada por autoridades financieras del exterior bajo la acusación de fraude contable.
