Se trata de revalorar y traer al momento presente la capacidad de dialogar, el interés por intercambiar puntos de vista y de comprender y empatizar con los diversos actores, el diálogo es la mejor virtud para solucionar cualquier problema en nuestra sociedad.
Los académicos que realizan investigación en universidades e instituciones de educación superior privadas, al igual que los que lo hacen en las instituciones públicas, representan una fuerza poderosa cuya dinámica es capaz de movilizar a todo el país.
Estos científicos destacan en muchos ámbitos. México tiene motivos para confiar en su potencial, sin embargo, su potencial queda limitado si no se propicia un sano entorno que detone su talento y creatividad. Se trata de orientar la capacidad científica y tecnológica del país hacia la atención conjunta de los problemas prioritarios y concretos de la sociedad.
El propósito debe ser que todos los mexicanos sean beneficiarios del desarrollo científico y tecnológico gestado por sus instituciones tanto públicas como privadas, el diálogo con las comunidades académicas tiene que seguir para que el aterrizaje de la ley tenga el máximo beneficio de la comunidad científica.
Sin este diálogo, un llamado a la independencia científica y tecnológica no será posible, ni siquiera conceptualizarlo; no es momento de optar por adaptarse al medio y a las circunstancias, es momento de sobresalir.
En lo que respecta a la política pública en la materia, aún es vigente el mandato de impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de la información científica y tecnológica, por lo que de no contar con este diálogo el panorama para el país no será muy favorable.
La economía global es interdependiente, por ello aún es momento de que los gobiernos, instituciones educativas y las empresas comiencen a trabajar para seguir desarrollando opciones que permitan que los resultados de la investigación científica impacten en el bienestar general de la población.
México no solo requiere de una política en materia científica y tecnológica, también requiere de una política industrial que cree los incentivos para la generación de conocimiento tecnológico susceptible de ser patentado y así extender su cadena de valor al mercado y con ello a la atención de los grandes retos del desarrollo económico y social.
El reto no es fácil, pues la innovación es un proceso interactivo y de retroalimentación constante que tiene lugar en el mercado. Se debe tener claro que no todas las tecnologías culminan en innovaciones. Por ejemplo, en las universidades y centros de investigación nacen muchos buenos proyectos científicos y tecnológicos, sin embargo, la mayoría tiene una muerte solitaria, sin haber visto la luz del éxito comercial.
