El entuerto ha llegado a causar lo que se conoce como el dilema del regulador, pero no en territorio nacional, sino en los Estados Unidos de América. Tanto el Departamento del Tesoro, como la Securities and Exchange Commission quedaron atrapados en una difícil situación, que terminó por hacerles cómplices del garlito.
Los tomadores de títulos, emitidos por la otrora empresa productiva, no podrían afrontar una situación de impago, e incluso, algunos dependen vitalmente de los generosos rendimientos que paga la entidad burocrática, los cuales, no miden el retorno de la operación, sino la enorme necesidad que tiene Pemex de mantener girando la rueda.
De suspenderse la refinanciación de la entidad pública, el quebranto en el mercado bursátil del vecino país provocaría severos descalabros, además de fundados cuestionamientos a las autoridades del mercado. Por ello, éstas ya forman parte del problema, y mirarán a otro lado, en tanto se sigan sirviendo rendimientos y se mantenga el ilegal respaldo del gobierno mexicano a las emisiones.
Los fondos que invierten en Pemex han encontrado, en la complicidad de las autoridades financieras del exterior, una cómoda y rentable fuente de ingreso. Son decenas de miles de millones de dólares los que han podido drenar de fondos presupuestales mexicanos, dado que, en el corto plazo, no existe expectativa de que el titular de las finanzas nacionales vaya a suspender el apoyo financiero al inerte ente público. Éste se endeuda como si aún tuviera viabilidad, al margen de la inexistencia de sustento legal del aval gubernamental. En ese contexto, las calificadoras emiten calificaciones tendientes a elevar el rendimiento a cobrar, sabiendo que, lejos de constituir obstáculo de compra, incrementan la rentabilidad de los fondos.
Es ya para todos claro e innegable que la contabilidad creativa de la ‘emproblemada’ empresa ya raya en los linderos del engaño, no sólo porque no se ha valuado adecuadamente el pasivo laboral, sino porque, gracias a un inusitado criterio impulsado por el ministro Alberto Pérez Dayán, la deudora registra lo que quiere; el monto que le acomoda, y decide cuándo le conviene hacerlo.
Así es, aún en términos de la modificada Ley de Deuda Pública, los pasivos a favor de proveedores y contratistas de la petrolera constituyen endeudamiento público, y, por tanto, debieran computarse al fijar el límite razonable de financiamiento; sin embargo, gracias al negociado criterio judicial, la dinámica extorsiva que se aplica a la larga cadena de acreedores operativos mantiene la ilusa imagen de ser una empresa en marcha, cuando, en realidad, las supuestas utilidades no son sino un amañado efecto del impago a proveedores y contratistas, así como de la recepción irregular de fondos públicos.
La cadena constituida por empresas que proveen bienes y construyen en provecho del agente monopólico, ha resistido el impacto destructor, pero ya muestra graves signos de agotamiento. Han venido quebrando, y dejando en el camino, a muchos que creyeron en las falsas promesas de pago y confiaron en los arbitrarios calendarios de pago que el consejo de administración suele imponer, asido éste en la inexistencia de un efectivo control jurisdiccional, el cual, una y otra vez, se anula con el petate del muerto, cada vez que algún proceso judicial cuestiona la discrecional facultad de pago de la entidad gubernamental. La acreditada solvencia que le confirió el legislador fue superada, con creces, por el arbitrario estatuto de pago que la Suprema Corte le confirió.
Ahí, no es correcto hablar de coyotaje, ya que no existe un grupúsculo de nocivos traficantes que, a salto de mata, propalen la especie de poder obtener pagos de la entidad. Es evidente que las correas de quienes ofrecen arreglos son regenteadas por altos funcionarios que pueden bloquear, y, a su gusto, desbloquear, pagos. Las comisiones por esa “noble intermediación”, por supuesto, no se aprecian como parte del sueldo, pero han generado a acaudalados servidores públicos de todos conocidos. El acta que proscribe prácticas de corrupción en el extranjero se topa con la excepción que obligadamente han tenido que hacer las autoridades estadounidenses, al haber entrado al aro.
