La negociación del T-MEC estará centrada en aspectos estructurales, pero esta vez, relacionados con asuntos que rebasan lo comercial. Son dos las preocupaciones que se pondrán en la mesa: una, la relación de los socios con potencias fuera de la zona, y dos, la preservación de condiciones mínimas para la protección y salvaguarda de las inversiones, en presencia de un poder judicial en construcción.
Democracia y justicia
Si bien es cierto que la negociación del T-MEC está programada para 2026, resulta urgente el establecimiento de grupos de trabajo y conciliación de intereses que operen desde inicios del próximo año.
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Es claro que la guerra comercial iniciada soterradamente con China, teniendo al territorio mexicano como plataforma evasora de las restricciones de acceso a los Estados Unidos de América, tensará la preservación del acuerdo. En los años 90, el eje de las negociaciones se centró en buscar los caminos para relajar controles e integrar las cadenas de producción, buscando un ganar-ganar. Sin embargo, hoy es exactamente lo contrario, el tratado tendrá como objetivo central el evitar que los privilegios y preferencias pactadas se extiendan a la gran potencia asiática. Se establecerán controles, límites y restricciones que dificulten o acoten cadenas comerciales e industriales que permitan o acepten la inclusión o derivación de ganancias a agentes comerciales procedentes de otras regiones.
La boyante relación entre Rusia y China será un complicador adicional, ya que existen importantes acuerdos que pondrá a esas potencias en la misma línea, buscando el romper barreras a través de un país que, se diga lo que se diga, ha dejado de ser neutral. En los últimos años es claro que México ha venido estableciendo facilidades aduanales, aeronáuticas y tributarias, que no serán vistas con buenos ojos por nuestros socios comerciales, dada su nula transparencia y cuestionable legalidad.
La idea del T-MEC era construir una zona de confort a los firmantes, constituyendo un frente común frente a otras zonas ya integradas hace tiempo. Sin embargo, los acuerdos comerciales que México suscribiera para operar en el área de la APEC, así como la expansión industrial que ha traído aceleradamente a importantes empresas orientales a establecerse en nuestro territorio, gozando de facilidades administrativas y fiscales, tanto federales como estatales, hace difícil pensar que el espíritu de los años 90 subsista.
Por otro lado, no sólo existe un enorme retraso en la implantación del nuevo esquema jurisdiccional en la materia laboral, sino que, además, la irrupción de empresa asiáticas, acostumbradas a un régimen de trabajo, de poca o nula protección a los derechos de los trabajadores, encontraran a sindicatos norteamericanos que pugnaran por severas medidas contra prácticas que, por esa vía, abaraten los productos y servicios. La migración de trabajadores que, bajo ley extranjera, acepten condiciones adversas, abrirá un frente de confrontación difícil de cerrar.
Como si todo lo anterior fuera poca cosa, el ambiente político en ambos países hará emerger cuestionamientos con respecto a las condiciones mínimas de equidad, propias de un estado de derecho, las cuales se basan axialmente en la existencia de poderes judiciales independientes, autónomos y con la capacidad suficiente de salvaguardar a los particulares en contra de excesos del poder público, área en la que México ha retrocedido más de 200 años. Si a ello le sumamos la desaparición de organismos autónomos en áreas económicas sensibles, como lo son la competencia y libre concurrencia o la regulación asimétrica, es claro que la negociación no sólo será ríspida, sino llamada a alcanzar puntos muertos desde el inicio.
El sector de las telecomunicaciones no tiene los alcances, ni relevancia que tuviera hace 20 años, siendo sustituido en importancia por el sector energía, en el que, evidentemente, los empresarios de las tres naciones han centrado esfuerzos e inversiones, dado que las crecientes necesidades que presenta la industria y el comercio perfilan importantes ganancias en un horizonte no menor a 30 años. El talante estatista que refleja nuestra postura en el tratado palidece ante la visión y miras que tiene la presente administración, por lo que se ve difícil encontrar áreas de coincidencia.
Al existir ya señalamientos de violación a cargo de nuestro país con respecto a distintos pactos contenidos en el acuerdo comercial, y ante el poco exitoso y azaroso procesamiento de las reclamaciones cursadas conforme al mismo, se vislumbra una drástica modificación de los mecanismos de composición.
En ese difícil entorno todo parece indicar que no sólo se modificarán y revisarán los capítulos existentes, sino que se adicionarán otros muy delicados e importantes, destacando entre ellos, el que siente y establezca los conceptos relativos a las condiciones de democracia y justicia que permiten identificar la efectiva existencia de un estado de derecho.
En otras palabras, existen poderosas razones para pensar que el tratado concluya su vigencia, o al menos, ésta se suspenda por un tiempo. Resulta innegable que las relaciones comerciales continuarán sin él, pero en un entorno de suspicacias, disputas y bajo un trato muy lejano de las preferencias y ventajas de las que hoy goza nuestro país, situación que mermará las utilidades de las exportadoras, que venderán lo mismo, pero con costos sustancialmente más elevados, y, poco a poco, el aparato productivo resentirá los inconvenientes de una relación fría y distante. Para el vecino del norte, la política de pleno empleo es más importante que la preservación de un tratado que, en el balance, notoriamente resulta más provechoso para nuestro país.
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Entre otros temas, el T-MEC no prevé ni contempla la existencia de fuerzas armadas a cargo de empresas que, normalmente, compiten en condiciones de igualdad con sus competidores, siendo especialmente compleja el área de aviación, donde el operador aéreo tendría que sujetarse a normas, procedimientos y auditorías no adaptados a la forma de operar de las instituciones castrenses. No menos difícil será transitar la inspección aeroportuaria, en el que las reglas, exigencias y fórmulas de valoración de la industria, demandarán de los operadores mexicanos severos retos.
En suma, si bien es cierto que la negociación está programada para el 2026, resulta urgente el establecimiento de grupos de trabajo y conciliación de intereses que operen desde inicios del año siguiente, ya que, el esperar los tiempos de revisión ordinaria nos colocará en una condición de urgencia y apremio, en el que la negociación pudiera no resultar lo que debiera.
Una de las rutas que aparecerán, impuestas por la realidad, será la negociación y firma de un tratado de orden migratorio, aduanero y de tránsito de capitales, siendo esos temas los que pueden establecer condiciones propicias al establecimiento de mesas en que se llegue a acuerdos de mutuo provecho en los otros que hemos apuntado.
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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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