Esto es uno de los aspectos poco analizados de la reforma aprobada en tiempos de Peña Nieto, es un dispositivo expreso que señala que el Gobierno Federal no respalda; esto es, no garantiza, la deuda del esperpento burocrático, el cual, sin razón alguna, aún conserva el beneficio de ser, “legalmente” considerado de acreditada solvencia en tribunales. A contrapelo del interés nacional, y de la letra y espíritu de la ley, se ha venido rescatando a la entidad pública, lo que ha hecho crecer desmesuradamente el déficit público. Se atropella la ley, creando una ficticia garantía que en cualquier momento puede ser desconocida. Los grandes jugadores lo saben.
Una vez más, nuestros rústicos funcionarios siguen pensando que la ley mexicana rige y cubre lo que pasa más allá del Rio Bravo, y siguen esperando que el escondrijo legal que provee la ley a Pemex cumplirá el objetivo de mantenerle indefinidamente en mora. Se abusa de esa ley, la cual, inexplicablemente, dejó de ser “orgánica”, para ser una desordenada mezcla de reglas de orden público, con otras que corresponden a una primitiva sociedad mercantil. El bodrio, aprobado hace más de una década, lejos de poner orden, sólo ahondó el problema.
Bajo las leyes de los Estados Unidos de América, el ojiabierto Director General de Pemex; el de Finanzas, y el pleno de su Consejo de Administración, hace tiempo debieron haber puesto a la estructura con la que operan en el exterior bajo el temido capítulo 11, de esa ley que, les guste o no, rige sus colocaciones. Debieron, y deben, advertir al mercado que no cuenta con la capacidad de pago para atender sus muy fuertes compromisos, y que, el espejismo de disminución de la deuda que tanto se ha propalado, sólo lo acredita que el billonario rescate no proviene de su actividad comercial, sino de un rescate o subsidio oficial, y que legalmente no existe la supuesta garantía. Saben que han incurrido en responsabilidad ante las cortes estadounidenses, y aún así, siguen agravando el asunto.
Así es, el presupuesto federal que ha fondeado, hasta ahora, el quebranto, tiene uno de los mayores déficits en su historia, por lo que, si bien es cierto, el sector público cuenta con la ilimitada capacidad de imponer tributos, resulta más que difícil considerar que en el corto plazo pueda simultáneamente pagar los programas de asistencialismo decretados por el tabasqueño, al tiempo de seguir dilapidando más recursos en ese turbio negocio que no acaba de dar negras sorpresas.
Al parecer, se olvida que Luis Videgaray incumplió uno de los principales compromisos que asumió al impulsar la reforma del sector energía, ya que no hizo nada por reestructurar o poner en regla los impagables compromisos de orden laboral en la petrolera, los cuales se siguen pagando religiosamente, aunque superan, por mucho, las limitaciones que constitucional, y legalmente, han puesto a las remuneraciones oficiales. Saben que, aunque se trata de pensiones o jubilaciones, siguen siendo estipendios burocráticos, y, por tanto, susceptibles del cacareado ajuste a la baja. El contrato colectivo de Pemex es sencillamente impagable, objeto de una necesaria y urgente revisión, para dar oxígeno a las finanzas públicas, pero se les fue el tiempo.
